El Juzgado de Primera Instancia nº 14 de Granada ha condenado a una aseguradora a pagar 80.000 euros a un restaurante que tuvo que cerrar durante el confinamiento, por entender que el cese de la actividad de este negocio impuesto por el Gobierno está incluido dentro de la cobertura de la póliza del local y por tanto es objeto de indemnización.

El restaurante tuvo que cerrar en marzo de 2020 durante 80 días y la sentencia dice que la redacción de la cláusula objeto de litigio hace constar que se incluye en la definición del riesgo la pérdida de beneficios como consecuencia de cualquier siniestro cuyos daños materiales se encuentren amparados por la póliza e indica que cualquier tipo de causa de paralización de la actividad se encuentra incluida en el ámbito del contrato.

Según la resolución, el dueño del restaurante solicitó expresamente cuando le presentaron la primera propuesta de la póliza que incluyera la garantía de cese de actividad, que fue suscrita a su petición, siendo una de las garantías cuya prima es más elevada.