Uniteco Profesional informa de que rue al principio de esta crisis cuando a algunos médicos y enfermeros de nuestros hospitales se les llamó la atención por llevar la mascarilla mientras atendían a sus pacientes. Esos sanitarios, que se tuvieron que quitar las mascarillas para no alarmar a los pacientes, no tardaron en verse protegiéndose del contagio con bolsas de basura.

Llegaban enfermos, faltaban equipos y recursos, información y directrices. Comenzaba entonces la llamada primera ola, “un combate largo y en desigualdad”, en palabras de Ramiro Urioste, abogado de DS Legal, la firma española de derecho sanitario.

El despacho comenzó entonces a recibir un aluvión de preguntas de los más 30.000 médicos a los que asesora legalmente. La primera, relacionada con el vértigo ante lo desconocido. El temor al contagio impulsó numerosas consultas sobre cuál era la mejor manera de protegerse física y legalmente ante la Covid-19.

Según el bufete, este primer punto derivó en la impotencia ante la falta de criterios unificados en los centros y entre administraciones: «En el final de la cadena estaba el médico, que tenía que tomar decisiones vitales como la asignación de respiradores o la prioridad de ingresos. Cuestiones, entre otras, que deberían venir marcadas por protocolos bioéticos. De igual manera, se tuvo que diagnosticar a personas mayores en residencias, sin historial médico y sin conocer al paciente.

Así las cosas, y unidas a la alta presión hospitalaria y el estrés que generaba y genera, las necesidades básicas de los profesionales, ¿qué pasa con los descansos, los relevos, el intercambio de funciones e incluso de destinos profesionales en esta lucha contra la Covid-19?

Y, finalmente, médicos, enfermeros y auxiliares, vivieron y viven el miedo de poder contagiar a sus familias y seres queridos. Todo se resume en salvar vidas y vivir bajo riesgo durante un tiempo prolongado, una situación que puede producir estrés postraumático, ansiedad, y otros problemas de salud mental.

Entonces, en aquellos primeros meses llamados “de duro confinamiento”, la saturación en las unidades de cuidados intensivos era de un 80%.  Hoy, cuando ya nadie aplaude y un nuevo confinamiento no suscita el acuerdo social unánime, dicha saturación se acerca peligrosamente al 60% en algunos hospitales. Muchos sanitarios siguen padeciendo algunos de los anteriores problemas, a los que suman los nuevos.

Por otro lado, y, muy importante, quiere destacar el abogado de DS Legal, comienzan a recibirse las primeras reclamaciones por las decisiones tomadas durante los momentos más agudos de la crisis. Ese médico que ha tenido que tomar la decisión de actuar de una u otra manera ante un riesgo inminente, recibe ahora denuncias de familiares de víctimas.

Preocupación por las reclamaciones

Los casos más habituales proceden de residencias.  Para David del Portillo (en la imagen), director de Expansión de Uniteco Profesional, el problema estriba en la ley 40/2015 englobada en el Régimen Jurídico del Sector Público, y que, en su artículo 36, regula la obligación de la Administración de repetir contra el personal a su servicio los daños que hubiera tenido que pagar a un tercero por culpa grave o negligencia de su personal.

Este marco, consideran desde Uniteco, es muy lesivo para los médicos en el actual estado de la pandemia, puesto que les deja en una situación de desamparo ante el aumento de las cantidades económicas de las reclamaciones: «Y, lo que es fundamental: la protección del seguro público de salud no contempla situaciones extraordinarias como la pandemia actual. Este supuesto sí se encuentra recogido ya en algunos seguros privados».

La vacuna es el último caballo que ha llegado a esta batalla y suscita también muchos interrogantes entre el colectivo médico. De un lado, reconoce Ramiro Urioste, existen médicos (una ínfima minoría) que ni se quieren vacunar, ni quieren vacunar, porque consideran que puede ser malo para los pacientes.

Estos negacionistas pueden acogerse a la libertad de objeción de conciencia, basándose en el principio ético que rige la actividad, “no hacer daño”. No obstante, advierten desde DS Legal, ya hay hospitales y centros que están tomando medidas al respecto y las multas a sanitarios por no vacunarse pueden ir desde los 300 hasta los 3000 euros o, incluso, hasta la suspensión de la actividad.

En cuanto a los pacientes que no quieran vacunarse, es cierto que en principio la vacuna es voluntaria, pero el marco legal en España permite imponer la obligatoriedad de esta si no se llegasen a alcanzar los niveles de inmunidad necesarios. Es decir, si estuviese en riesgo la salud pública.