Willis Towers Watson ha valorado la propuesta del Gobierno sobre la subida de cotizaciones para sufragar las pensiones, comenzando por señalar que el próximo comienzo (desde 2023) de la jubilación de la generación del baby boom supone «un importante reto para las ya ajustadas cuentas de la Seguridad Social. No en vano se trata de la cohorte poblacional más numerosa que, además, accederá a una pensión media elevada pues en media han cotizado por bases elevadas».

La medida propuesta por el Ministerio, de crear una cotización adicional del 0,5% entre 2023 y 2032, y establecer una revisión trienal desde 2032 para analizar el gasto en pensiones en relación al PIB y tomar medidas adicionales si fuera necesario, con el objetivo de abordar particularmente este reto, genera las siguientes dudas en la entidad:

• En primer lugar, el alcance de la medida. Según estimaciones de Enrique Devesa, profesor titular de Economía Financiera y Actuarial de la Universidad de Valencia y miembro del Observatorio de las Pensiones de Willis Towers Watson, la recaudación anual de esta medida, teniendo en cuenta la base media de cotización a la Seguridad Social, rondaría los 1.700 millones de euros. En el periodo total de 10 años, unos 17.000 millones de euros, lo que supone menos de dos nóminas mensuales de pensiones de la Seguridad Social (10.251 millones en octubre de 2021, de los cuales 7.389 correspondieron a pensiones de jubilación).

• Por otro lado, podría afectar a la contributividad del sistema, dado que esta cotización adicional no generaría nuevos derechos de pensión. Por tanto, los trabajadores estarían incurriendo en un “gasto” adicional que no les reportaría una prestación superior. Adicionalmente también puede cuestionar el pacto intergeneracional de las pensiones: se exige un esfuerzo adicional, no reflejado en futuros derechos, a todos los trabajadores, con el foco de reforzar la hucha de las pensiones ante el reto de una generación concreta: los baby boomers.

• Desde el punto de vista macro, supone además un incremento de los costes laborales, en un entorno de incertidumbre sobre la recuperación y de creciente competitividad global, pudiendo impactar directamente sobre la creación de empleo.

• En conclusión, por su alcance de recaudación y su carácter temporal, parece más una “patada al frente” que una medida que realmente pueda ayudar al reto demográfico. El sistema sigue necesitando una reforma más estructural que coyuntural, y en todo caso establecer medidas de ajuste gradual y automático que permitan absorber de forma lo menos traumática posible el impacto. En este sentido, parecen medidas más eficientes de cara a la reducción gradual del déficit y para abordar el reto de la longevidad aquellas como el derogado Factor de Sostenibilidad, que ajustaba gradualmente la cuantía de la pensión de los nuevos jubilados a la evolución de la esperanza de vida.