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Así deben los funcionarios asegurar sus riesgos por responsabilidad civil

Redacción 3 de mayo de 2022

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Fundación Inade ha celebrado esta mañana una jornada de Espacio Inade en la que han participado AREA XXI y Berkley España.

En primer lugar, intervinieron en representación de AREA XXI, su socio director, Santiago Romera, la responsable de Proyectos Operacionales, Ana Álvarez, y el responsable de Tecnologías, Jesús María Ansón.

Santiago Romera explicó cómo AREA XXI ayuda a las empresas a gestionar sus riesgos de una manera muy sencilla con la herramienta GestionRisk: “pasando de la hoja de cálculo a la gestión profesional del riesgo”.

En segundo lugar, intervino Héctor de la Huerta, responsable de Líneas Financieras y Responsabilidad Civil Profesional de Berkley España, explicando como gestionar el riesgo de la responsabilidad personal de las administraciones públicas.

“Las personas que ocupan un puesto como autoridad o personal al servicio de administraciones públicas asumen a título personal las responsabilidades legales que se derivan del ejercicio de su cargo”, explicó de la Huerta, “y les puede ser reclamada indemnización de daños y perjuicios”.

Según el responsable de Líneas Financieras y RC Profesional de Berkley España, existen distintos tipos de exposición al riesgo en función de la persona de la que se trate y de las funciones que desempeñe, no obstante, las áreas del riesgo pueden dividirse en cuatro categorías: “el riesgo a ser reclamado por la Administración Pública, el riesgo a ser investigado y reclamado por el Tribunal de Cuentas y otro órgano fiscalizador, el riesgo a ser reclamado por un ciudadano y el riesgo a ser reclamado por compañeros o personal dependiente”.

Para gestionar el riesgo de la RC personal de los funcionarios, se recomienda su transferencia a la industria aseguradora, que se encargará, entre otras cuestiones, de los gastos de defensa o restitución de la imagen pública.

Berkley España comercializa este producto, del que Héctor de la Huerta destacó algunos aspectos: “su ámbito geográfico está limitado a España, no tiene franquicia y dispone de límites has los cinco millones de euros”. También comentó algunas de sus exclusiones, como el dolo y beneficio personal, las multas y sanciones o los virus informáticos.

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