Assistència Sanitària ha adoptado distintas medidas para luchar contra el coronavirus con la máxima seguridad sanitaria y económica para los profesionales, específicamente los de la salud. Entre esas medidas destaca la participación en el seguro sectorial de 37 millones de euros constituido por Unespa (asociación empresarial de las entidades aseguradoras). La póliza cubre un conjunto de 700.000 profesionales de perfiles varios (médicos, enfermeras, auxiliares, celadores y personal de ambulancias de centros sanitarios y residencias) con un capital de 30.000 euros en caso de fallecimiento por causa directa de Covid-19, así como un subsidio de 100 euros al día para los que resulten hospitalizados.

Como medida adicional, Assistència Sanitària ha desarrollado un programa de ayudas destinado a los profesionales del cuadro médico y centros de atención afectados por la reducción de la actividad habitual desde la instauración del estado de alarma. Desde el primer momento, retribuye los honorarios médicos de la atención telemática a los pacientes, como medida excepcional durante la época de confinamiento y de cierre de las consultas médicas. Además, para paliar el impacto durante esta situación excepcional y permitir la recuperación una vez superada la crisis, la entidad prioriza dar respuesta a las necesidades de cada caso particular. Por ejemplo, se agilizan los plazos de liquidación de las prestaciones realizadas y la concesión de anticipos con cargo a la actividad futura.

Según el Dr. Ignacio Orce, presidente de Assistència Sanitària, “como entidad formada por médicos, tenemos claro que lo primero son las personas y que debemos proteger con las máximas garantías a aquellos que nos cuidan anteponiendo su propia vida.”

Medidas asistenciales para afrontar la emergencia

Más allá del compromiso con los profesionales sanitarios, Assistència Sanitària ha adaptado de forma dinámica sus servicios a la situación actual. La entidad puso en marcha un protocolo específico con atención telefónica gratuita Covid-19 abierto al conjunto de la población –asegurada o no de la entidad–, aprobó la flexibilización del pago de recibos para personas con caídas de ingresos, reprogramó o aplazó acciones no estratégicas y reforzó el apoyo comunicativo a la población asegurada, entre otras medidas.