Según analiza ARAG en su informe ‘El mercado del alquiler en 5 tendencias’ y con datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Cataluña es la región con más desahucios durante el primer trimestre del año (2.410 lanzamientos, el 21,8% del total). Le siguen la Comunidad Valenciana (1.863), Andalucía (1.858) y Madrid (1.005). Si se compara con la población, el mayor número de lanzamientos por impago del alquiler por cada 100.000 habitantes se da en Baleares (23,7), seguida por Canarias (22,5), Cataluña (21,9), Comunidad Valenciana, (20,7) y Murcia (20,6); en el otro extremo aparecen Navarra (7,5), País Vasco (8) y Extremadura (8,5).

La prórroga hasta el 31 de diciembre de la moratoria sobre los lanzamientos para personas en situación de vulnerabilidad económica que empezó a aplicarse durante el primer estado de alarma parece estar conteniendo estos procedimientos, ya que apenas crecen un 1% respecto al mismo período del año pasado. Aunque en teoría esta norma se circunscribe a contratos u ocupaciones anteriores a la entrada en vigor de la medida en marzo de 2020, “estamos a expensas de lo que interprete el juez según las circunstancias”, advierte Albert Olcina, abogado de ARAG. 

Pese a ello, la Plataforma de Afectados por la Ocupación asegura que el 70% de los casos que atiende actualmente no son de ocupaciones ilegales sino impagos de alquiler de inquilinos, bautizados como inquiocupaciones, y  Olcina estima que desde 2020 se han doblado las peticiones de alternativas habitacionales por parte de inquilinos pendientes de desahucio motivado principalmente por impago. 

Uno de los problemas es el tiempo de espera para el propietario, pues la resolución no suele ser rápida. “En un caso típico en el que se deja de pagar, solo desde que se presenta demanda y se admite pueden pasar entre dos y tres meses; al final todo el proceso se puede alargar un año. Aunque los juzgados intenten tramitarlo con más agilidad, es complicado salvo que se produzca un acuerdo que evite ir a juicio”, apunta Olcina en el propio informe de ARAG. Ante esto, el experto legal propone recurrir a los seguros de impago para minimizar el riesgo de alquilar una vivienda. “La ventaja es que pones a un profesional en medio que evalúa previamente si la persona tiene recursos suficientes para cubrir el alquiler mensual en base a lo que ha hecho hasta la fecha”, argumenta refiriéndose al estudio de solvencia previo a la contratación. Como coberturas, además de pagar los gastos de abogados, estos seguros adelantan las rentas impagadas mientras dura el procedimiento sin tener que esperar a la sentencia.