El Consorcio de Compensación de Seguros ampliará sus coberturas frente a accidentes nucleares, incluyendo las garantías de gastos de defensa jurídica, gastos judiciales e intereses legales, según informa el diario elEconomista. De esta forma, responderá ante las reclamaciones por daños personales presentadas a las aseguradoras tras un siniestro de este tipo.

Esta extensión de coberturas se incluye el en borrador de Orden que el Ministerio de Economía ha puesto a consulta pública donde se prevé que las nuevas garantías tendrán efecto a partir del décimo año de la ocurrencia del accidente y hasta el trigésimo año.

La medida supone, en la práctica, dar continuidad al papel que el Consorcio ya asumió en 2022, cuando se estableció que cubriría el eventual incremento de costes para las entidades aseguradoras como consecuencia de la aplicación de una ley aprobada en 2011. Dicha ley aumentó las cuantías mínimas en concepto de responsabilidad por daños nucleares, tanto en accidentes ocurridos en instalaciones ubicadas en España como en incidentes producidos en fuera del país cuando el transporte tenga como responsable a un operador español.

Esta regulación incrementó con carácter general el límite mínimo obligatorio de Responsabilidad Civil para los explotadores nucleares, que pasó de 700 millones de euros a 1.200 millones. No obstante, la normativa contempla la posibilidad de establecer importes inferiores en determinados supuestos, aunque en ningún caso por debajo del umbral de entre 70 y 80 millones de euros.

Además, se amplió de forma significativa el alcance del concepto de daño nuclear. A partir de entonces, se incluyen no solo los perjuicios personales y materiales, sino también las pérdidas económicas asociadas a esos daños, los gastos derivados de la adopción de medidas preventivas, las actuaciones necesarias para la restauración medioambiental y el lucro cesante. Asimismo, se extendió el plazo para presentar reclamaciones por daños personales, que pasó de 10 a 30 años desde la fecha del accidente.

Esta medida respondía al interés del propio sector asegurador, pues fueron las compañías de seguros quienes,  solicitaron el respaldo del Consorcio al constatar que no disponían de capacidad suficiente para afrontar este tipo de contingencias. La actual ampliación de coberturas responde también a la preocupación de las aseguradoras ante la posible asunción de costes legales. Según recoge la orden ministerial, el Consorcio solo asumirá los gastos en la medida en que estén directamente vinculados a reclamaciones reaseguradas por la cobertura obligatoria de Responsabilidad Civil Nuclear.