En el transcurso de una jornada organizada por Afi sobre «El nuevo marco regulatorio para las tablas biométricas y sus implicaciones en las compañías de seguros», representantes del sector y del supervisor han analizado tanto el proceso que ha llevado a las nuevas tablas como la normativa que debe llegar de forma más o menos inminente para culminar la regulación.

José Antonio Fernández de Pinto, subdirector general de Inspección de la DSGFP, tras detallar el contenido de las dos resoluciones ya publicada, ha señalado que las normas pendientes se van a publicar en las próximas semanas: “El llamado Real Decreto Ómnibus ya ha pasado por la junta consultiva y por consulta pública e incluye algunas cosas destacables, como la modificación de la vigencia de las tablas que pasa de ser de 20 a 10 años y la creación de un mecanismo institucional de colaboración cuyo fin es elaborar estadísticas biométricas sectoriales homogéneas y fiables».

Además, apunta que está prevista la aprobación de una circular de la DGSFP sobre la metodología para la valoración de las tablas de segundo y primer orden basadas en la experiencia propia, en la que se entiende que una modificación de las tablas publicadas se interpreta como experiencia propia. Y explica que, para aplicar unas tablas de experiencia propia de primer orden, hay que partir de unas tablas de segundo orden y aplicarles los recargos con la metodología que se señala en la norma.

A partir de aquí, afirma que solo quedaría la publicación de una orden ministerial de modificación de la documentación estadístico-contable anual y trimestral, en la que también se añade un nuevo modelo que se llama” adaptación en el tiempo a las nuevas tablas de supervivencia”.

Tanto Fernández de Pinto como Carlos Esquivias, gerente de la Comisión de Vida y Pensiones de Unespa, han detallado cómo se ha desarrollado el largo proceso para la renovación de las tablas biométricas. Un proceso que, según Esquivias, comenzó en 2016 y ha sido largo. Señala que el objetivo inicialmente era renovar solo la tabla de supervivencia de segundo orden. “El periodo de observación fue 2010-2014 con un largo proceso de captura de datos. En julio de 2018, Unespa remitió una propuesta a DGS y en diciembre 2018, las DGS puso en marcha una consulta pública limitada para el contraste de las tablas con las diferentes instituciones. Nos hubiera gustado tener acceso a todas esas contribuciones que se hicieron para analizarlas en detalle, pero no se publicaron”.

A partir de aquí, con las sucesivas reuniones y borradores se fue avanzando con nuevos cambios y el supervisor decidió introducir una nueva tabla de mortalidad, aunque con la legislación de entonces estaba plenamente vigente y no requería ser modificada. “Nuestra opinión fue que esa nueva tabla tenía que venir acompañada por una nueva tabla de invalidez de la población asegurada española. La DGS finalmente no tomó esa opción, pero será uno de los primeros trabajos de la comisión técnica que se va a crear”

Una de las observaciones de Unespa tenía que ver con la vigencia de las tablas. Proponía que el periodo de vigencia pasara de 20 a 5 años, para evitar que las tablas fueran muy conservadoras en los recargos. “Las DGS optó por reducir la vigencia a 10 años y, aun así, creemos que las tablas siguen siendo demasiado conservadoras. Otra de las novedades fue el dejar claro que se permite utilizar tablas de experiencia propia, aunque en este nuevo marco van a ser mucho más exigentes, con requisitos de gobernanza, de reporting, de monitorización…”