El nuevo borrador de Anteproyecto que prepara el Gobierno para regular el nuevo plan de pensiones público de gestión privada elimina la barrera de entrada de 1.000 millones de euros en patrimonio gestionado en planes que recogía el primero Anteproyecto, según adelantó El Confidencial.

La medida había sido criticada por el sector y ahora la supresión del límite de los 1.000 millones supondrá que cualquier gestora de fondos de pensiones o mutualidad de previsión social pueda optar a gestionar el nuevo fondo público, con independencia de su tamaño.

Con el anterior límite, tan solo 22 gestoras y mutualidades podrían haber optado a la gestión del nuevo fondo, lo que se consideró por el sector un «ataque a la competencia».

Lo que si se mantiene en el nuevo Anteproyecto es el límite del 0,3% a las comisiones de gestión y del 0,1% a las de depositaria, unas barreras que sin lugar a dudas limitarán el número de entidades que quieran gestionar este nuevo instrumento.

El Gobierno tiene previsto aprobar el texto definitivo antes de final de año, para remitirlo al Congreso en enero de 2022. La intención del Ejecutivo es que el nuevo plan esté operativo a mediados de 2022.