El nombramiento de Raquel Sánchez Jiménez como nueva responsable de política de vivienda en España es acogido con expectación desde el Observatorio Español del Seguro de Impago del Alquiler (OESA), impulsor y representante más activo del sector del alquiler en España. El nombramiento llega en un momento clave para la aprobación y tramitación en el Congreso de los Diputados de la Ley de Acceso Vivienda tan necesaria para impulsar la recuperación económica tras la pandemia. Desde OESA se anima a la nueva ministra y su equipo a impulsar el alquiler, recordándole que se necesitan 2,5 millones de viviendas en arrendamiento en los próximo 10 años para cubrir las necesidades de la nueva sociedad. Una sociedad que requiere flexibilidad económica y física, así como viviendas de nueva generación desde el punto de vista sostenible y tecnológico.

OESA ha mantenido desde mayo reuniones con los principales grupos parlamentarios para trasladarles las necesidades del sector profesional del alquiler de cara a la aprobación de la futura Ley del Alquiler.

El impulso del alquiler es la política de vivienda más sostenible que puede desarrollarse en España, por ello es muy importante que la nueva ministra, Raquel Sánchez Jiménez, que ya cuenta con experiencia de gestión municipal, facilite al mercado las herramientas necesarias para su impulso”, ha explicado Javier Íscar, presidente de OESA, con motivo del nuevo nombramiento del responsable de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Entre dichas medidas destacala necesidad de sacar al mercado bolsas de suelo público de forma rápida y eficaz para el desarrollo de un parque moderno, sostenible y asequible de vivienda en alquiler.  

OESA recuerda que el mercado aún está alejado de su situación en las economías más avanzadas de Europa y de las exigencias de la sociedad.

La regulación del precio del alquiler, innecesaria

Respecto a la posible regulación del precio del alquiler, desde OESA se transmite inquietud, pues la nueva ministra llega al cargo desde la Alcaldía de Gavà donde se acaba de aprobar una normativa en ese sentido. OESA insiste en que resulta innecesario después de la pandemia y puede llegar a tener un efecto contrario al que persigue. En este sentido las rentas se han ajustado en el último año en un 10 por ciento de media por los efectos de la pandemia. OESA mantiene que la regulación del precio supondría una reducción del número de viviendas de hasta el 10 por ciento, de la calidad del parque del alquiler y aumento de los arrendamiento fraudulentos en un porcentaje aún mayor.

El mercado del alquiler actualmente representa el 18 por ciento del total del parque de viviendas en España, con 3,4 millones de inmuebles, y tiene potencial para llegar hasta el 35 por ciento en los próximos años, con la incorporación de 2,5 millones de viviendas. De éstas, 1,7 millones deben de tener precios asequibles para todo tipo de arrendatarios y de ellas, 800.000 un carácter social. Esto exige colaboración entre el sector público y privado, petición que OESA ha trasladado a los principales grupos parlamentarios en los últimos meses.