Tras conocerse que el Tribunal Supremo ha anulado el fallo del Tribunal Superior de Justicia Valenciano que, en 2019, desestimó el recurso interpuesto por Ribera Salud contra la decisión de la Generalitat de recuperar la gestión pública directa del Hospital de Alzira, el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS) desea manifestar su «reconocimiento a cualquier medida que exija a las administraciones públicas justificar las repercusiones sociales, económicas y efectos financieros de sus decisiones; en el caso concreto de la revocación de cualquier contrato de colaboración privada-pública, que se haga sobre criterios de solvencia y de calidad asistencial».

Asimismo, desea hacer las siguientes manifestaciones:

• Todo acto que cuestione la colaboración privada-pública tiene que estar apoyado por criterios económicos y de estabilidad presupuestaria. En el ámbito de la salud hay que apostar siempre por medidas que estén basadas en datos objetivos, contrastados y rigurosos y que tengan en cuenta a pacientes y profesionales, poniendo el acento en la eficiencia, la calidad y seguridad, el acceso, la resolución asistencial y la experiencia vivida en su contacto con el sistema.
• La reversión sanitaria del modelo Alzira, en concreto del hospital de La Ribera, se decidió simplemente por cuestiones ideológicas y ha supuesto un menoscabo más que evidente para la población a la que da servicio incrementándose las listas de espera hasta casi triplicarse (de 57 a 156 días, tal como puede observarse en la publicación oficial de listas de espera de la Conselleria). Dos años después, son destacables el crecimiento del absentismo laboral de la plantilla junto a otras ineficiencias. Todo ello genera un coste añadido anual de 76 millones de euros, de acuerdo con un estudio realizado a partir de los datos de la Dirección General de Régimen Económico de la Conselleria de Sanidad.
• Un estudio de investigación desarrollado por la prestigiosa Universidad de Berkeley (EEUU), que analizó diferentes modelos de concesiones a nivel internacional, obtuvo como conclusión que este sistema de gestión aporta eficiencia y ahorra dinero y recursos al sistema sanitario público, reduciendo el gasto per cápita en el entorno del 25%. No obstante, existen otros estudios que han demostrado la factibilidad y viabilidad del modelo de colaboración privada-pública desde un punto de vista asistencial y económico. A modo de ejemplo, se puede destacar el informe de la Sindicatura de Cuentas que muestra que la atención sanitaria integral de la población del Departamento de Salud de Torrevieja supone un ahorro del gasto público de alrededor de 45 millones de euros anuales.

En conclusión, desde Fundación IDIS «no estamos en contra de que una Administración decida revocar cualquier contrato de colaboración privada-pública pero siempre que se justifique en términos económicos, asistenciales y de impacto en la población. Por ello, confiamos en que de cara al futuro y a la posibilidad de la ruptura de otros modelos, se tengan en cuenta los principios de sostenibilidad financiera y de mejora global de la asistencia sanitaria: es fundamental contar con datos transparentes y comparativos que permitan tomar decisiones acertadas y garantizar la continuidad del sistema».