El Gobierno ha firmado hoy con los sindicatos y la patronal la primera parte del acuerdo para la reforma del sistema de pensiones público. Entre las medidas incluidas en el preacuerdo, se incluye la revalorización de las pensiones según el Índice de Precios al Consumo (IPC); la implantación de un incentivo del 4% por año para aquellos que decidan retrasar su jubilación; el aumento de las penalizaciones, que podrían alcanzar hasta un 21% de la pensión para aquellos que decidan adelantarla; y derogar el factor de sostenibilidad incluido en la reforma del Gobierno de Rajoy de 2013. Éste último será sustituido por un mecanismo de equidad intergeneracional todavía por determinar que entraría en vigor en 2027, que deberá ser aprobado antes de que termine el año para así ser incluido en la nueva ley.

En cuanto al aumento al 4% (actualmente es un 2%) de la pensión por cada año que el trabajador retrase su jubilación, podrá sustituirse por un cobro único que estará determinado por el importe de dicha pensión y el tiempo cotizado.

Asimismo, las penalizaciones a la jubilación adelantada variarán según se haya accedido a esta tras un despido o si por el contrario ha sido mediante una jubilación ordinaria. En el primer caso, el trabajador sufrirá una penalización que irá desde el 0,5% hasta un máximo del 30%, en caso de que haya decidido adelantar la jubilación cuatro años y haya cotizado menos de 38 años y medio. Si por el contrario se trata de una jubilación ordinaria, la persona que decida adelantarla sufrirá una penalización que irá del 2,81% al 21%.

Finalmente, el preacuerdo incluye el traspaso de los denominados gastos impropios de la Seguridad Social a Hacienda y así acabar con el déficit de las arcas de la Seguridad Social.

Críticas de Willis Tower Watson

Por su parter, tras cerrarse el acuerdo para la primera fase de la reforma de las pensiones entre Gobierno, patronal y sindicatos, el análisis realizado por el Observatorio de Pensiones de Willis Towers Watson de algunas de las medidas aprobadas descubre serias ineficiencias, muy especialmente por lo que se refiera al retraso de la edad de jubilación que es, paradójicamente,  uno de los aspectos clave que persigue incentivar el Gobierno.

Como explica Enrique Devesa, integrante del Observatorio de Pensiones de Willis Towers Watson, profesor de la Universidad de Valencia y miembro de Instituto de investigación económica IVIE, “Si bien la propuesta del Anteproyecto mejora la situación actual de la pensión demorada al elevar la bonificación al 4% por año (anteriormente, fluctuaban entre el 2% y el 4%) y hacerla independiente de los años cotizados, se mantiene en un nivel muy por debajo del actuarialmente justo y sólo se aplica sobre años completos de demora en lugar de sobre meses. Aproximarse a la equidad actuarial en cuanto respecta a la jubilación demorada llevaría a establecer coeficientes aumentadores del 0,6% por mes de demora, es decir, de un 7,2% por año.”

Añade que la equidad actuarial, de la que carece el sistema de pensiones español dibujado tras la reforma, consiste en aplicar un factor de equidad que debería incluir la esperanza de vida para que individuos con las mismas carreras laborales, pero de distintas cohortes, reciban la misma suma de pensiones. “Esto supone que un aumento de la esperanza de vida implica menor pensión inicial. ¿Cómo se va a recortar finalmente la pensión? No se sabe, pero puede ser aumentando la edad de jubilación, aumentando el número de años cotizados para alcanzar un porcentaje del 100% o, directamente, bajando la pensión inicial” subraya Devesa.

Asimismo, Rafael Villanueva, Manager del área de Retirement de Willis Towers Watson, expone que  “para que el sistema fuera actuarialmente justo los coeficientes deberían aplicarse por cada mes que se retrase la jubilación (cosa que sí  se ha aprobado para la jubilación anticipada con penalizaciones de entre el 2,81% y el 21%) y no por cada año de demora. No se está premiando de forma suficiente el retraso de la edad de jubilación, es un sistema claramente penalizador para las jubilaciones anticipadas, pero nada motivador para las demoradas. No ayuda a que los trabajadores se sientan cómodos con seguir alargando su vida laboral, una decisión que ya de por sí es poco apetecible en la mayoría de los casos”.

De cara a poner en contexto la situación,  según el anteproyecto aprobado, los cálculos del Observatorio de Pensiones de Willis Towers Watson arrojan que para una persona que tenga derecho a una pensión media mensual de 1.455 euros, el retraso de entre 1 y 11 meses no generaría una mayor pensión. Con un mes más -retraso de 12 meses de la edad de jubilación- la pensión analizada se situaría en los 1.513 euros, por debajo de los 1.559 euros a los que se podría llegar si se hubiera incluido en el pacto de reforma de las pensiones un sistema actuarialmente justo. En términos anuales, no ajustar actuarialmente el modelo de pensiones supone una pérdida de 652 euros al caso concreto analizado.

La misma situación se produce en el caso de una pensión mínima: habría que esperar hasta 12 meses para pasar de 851 a 885 euros mensuales, pero lo actuarialmente correcto sería alcanzar los 912 euros. En este caso, la pérdida anual sería de 381 euros. En el caso de una pensión máxima, sería necesario también que transcurrieran 12 meses para pasar de 2.797 a 2.909 euros frente a los 2.999 euros que corresponderían con un modelo actuarialmente correcto. En este caso, la pérdida anual del acuerdo actual respecto a lo actuarialmente justo es de 1.253 euros.

 El “cheque único” no es una buena opción

Una de las medidas que se plantea en el acuerdo es la posibilidad de que se pueda sustituir el incremento del 4% anual de la bonificación por el pago de un “cheque único”. Algo que, como explica Enrique Devesa “aún beneficia menos a los que opten por esta alternativa, ya que las cifras que aparecen en el borrador del Anteproyecto aprobado nos indican que el pago del `cheque único´ supone una reducción respecto de la cantidad que sería equivalente sin hacerlo y muestra inequidades acusadas entre hombres y mujeres”.

Volviendo con los ejemplos de pensiones que hemos expuesto antes, la entidad resume así la situación:

• • Para una pensión media mensual de 1.455 euros mensuales, el “cheque único” sería de 7.565 euros, mientras que lo más equitativo es que fuera de 13.878 para los hombres y de 16.480 para las mujeres. Se trata, así, de una opción económicamente adversa, pues supone que solo se cobra el 54,5% en el caso de los hombres y el 46% en el caso de las mujeres.
  • En el caso de la pensión mínima (851 euros mensuales), el “cheque único” sería de 5.466 euros, lo que representaría un 67% y un 57% de lo actuarialmente justo para hombres y mujeres, respectivamente.
  • Aún es mayor el recorte en el caso de la pensión máxima (2.797 euros mensuales), pues el “cheque único” correspondiente, de 11.244 euros, representaría solo un 42% y un 35%, respectivamente, para hombres y mujeres.

“Como conclusión  del análisis podemos afirmar que la jubilación demorada no presenta incentivos para acogerse a ella, teniendo que ir la reforma hacia la modificación de tres elementos: que los coeficientes se aplicaran por meses de retraso; que el coeficiente mensual fuera de un 0,6% mensual; y que el cheque que lo sustituyera aumentara de forma importante la cuantía entregada, dejando de depender de la cuantía de la pensión”, afirma Devesa.

A esto, Rafael Villanueva, añade que “además, fuera de esta primera fase de la reforma quedarán temas complicados y en los que sería necesario avanzar cuanto antes, como el cambio del periodo de cómputo de la vida laboral de los trabajadores para adaptar el sistema a la nueva realidad del mercado laboral o el incremento de las bases de cotización y de las pensiones máximas, que no serán tratados hasta, previsiblemente, 2022”.