La sanidad privada asiste con preocupación al análisis y posible revisión del Sistema Nacional de Salud que ha provocado la pandemia del Covid-19. El origen de su inquietud proviene del Plan de Acción del Ministerio de Sanidad para la “Transformación del Sistema Nacional de Salud en la era post-Covid-19” que está realizando con un grupo de expertos en el “actual contexto de reflexión social y política”, con el que pretende “ejercer su papel de coordinación y cohesión” para “reforzar el Sistema Nacional de Salud, preparándolo para abordar e incluso anticipar los retos que plantea la salud en el mundo global y reforzar las capacidades esenciales que el SNS necesita en tiempos de normalidad”.

Entre las medidas planteadas inicialmente en este Plan de Acción se encuentran la supresión de la desgravación fiscal a los seguros de Salud privados y la posibilidad de que los centros, servicios y establecimientos sanitarios de las Mutuas de Accidentes, Mutualidades e Instituciones públicas o privadas sin ánimo de lucro, puedan ser objeto de integración en el Sistema Nacional de Salud, lo cual supondría, de hecho, la desaparición de mutualidades como la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface), a la Mutualidad General Judicial (Mugeju) y al Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS), cuyos beneficiarios pueden optar por ser atendidos en la sanidad privada.

El Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS), ha realizado un llamamiento tanto al Ministerio de Sanidad como a los grupos parlamentarios para que «la reconstrucción del sistema tenga en cuenta a todos los agentes implicados, considere el papel del sector privado -que viene mostrándose durante décadas y ha quedado aún más patente durante la crisis de la Covid-19, y evite acabar con fórmulas y modelos que generan eficiencia contrastada para el sistema y satisfacción para los usuarios». 

En este sentido, Fundación IDIS hace las siguientes puntualizaciones: 

• La reconstrucción del sistema sanitario pasa por una necesaria confluencia de esfuerzos y el sector sanitario privado, del que forman parte 8,7 millones de asegurados (sin incluir los mutualistas), contribuye a la descarga y el ahorro del sistema público global, lo que implica un ahorro de al menos 564 euros por asegurado/año, que suponen un ahorro mínimo de 4.949 millones de euros para el sistema público. Solo esta colaboración para el sistema obliga a tener en cuenta a un sector que lleva a cabo el 30,5% de las intervenciones quirúrgicas, registra el 23,5% de las altas y atiende el 24,5% de las urgencias en nuestro país. 
• El mutualismo administrativo favorece el equilibrio entre el sistema público y el privado, al tiempo que facilita la asistencia sanitaria de la población. De hecho, en 2019 el régimen de mutualismo administrativo ascendió a aproximadamente 1,8 millones de personas. Esta opción es, hoy por hoy, elegida de forma libre por el 84% de los funcionarios y, en términos económicos, es un modelo que aporta eficiencia, ya que el gasto per cápita de la población cubierta es sustancialmente inferior al gasto sanitario público per cápita: se estima que la prima media de Muface se sitúa en 2019 en 864 euros anuales por asegurado, mientras que el gasto sanitario público per cápita de ese mismo año es de 1.291 euros (no incluye gasto farmacéutico ni el gasto destinado a mutualidades), lo que supone un ahorro de 427 euros por cada mutualista.
• Medidas como la desgravación fiscal sanitaria descargan de presión asistencial y financiera al sistema público de salud. La contratación voluntaria de un seguro privado de salud genera ahorros evidentes al Estado, como se ha indicado, facilita la accesibilidad de la población al sistema y favorece notablemente el empleo y las inversiones. 
• La sanidad privada es un sector clave, impulsor de nuestra economía (contribuye con el 2,6% del PIB), es motor de innovación (los centros privados participan en 1.431 ensayos clínicos, lo que supone el 43,32% de los contenidos en el informe BEST) y empleo estable de calidad (cuenta con 269.515 profesionales cualificados) y su compromiso con España es patente: el sector cuenta con 458 hospitales (57% del total de centros hospitalarios de nuestro país) y una dotación de 51.212 camas, que suponen el 32% del total de las existentes. Gracias a ello registra el 23,5% de los ingresos, el 19,7% de las consultas y el 17,5% de las estancias.
• En relación con las medidas sobre el gasto en medicamentos planteadas por el documento, hay que señalar que el esfuerzo presupuestario en medicamentos es una auténtica inversión en salud y no un gasto. También es imprescindible poner sobre la mesa la ingente aportación de la industria farmacéutica para potenciar el tejido industrial y la inversión en investigación, desarrollo e innovación (España es tras Estados Unidos el país donde más ensayos clínicos se realizan), y su aportación va más allá de lo estrictamente sanitario, ya que genera un gran impacto también en el ámbito económico y social que es necesario tener muy en cuenta.

6 de cada 10 españoles, a favor de la cooperación de la sanidad pública y privada

En esta línea, IDIS ha presentado una ‘Encuesta de percepción sobre la aportación de la Sanidad Privada’ en la que el 57,3% de los encuestados creen que es necesaria la cooperación del sector sanitario privado para asegurar la asistencia del sistema sanitario español; una tasa que se eleva al 65,2% entre los consultados que cuentan con un seguro de Salud privado.

Necesidad de cooperación entre sanidad pública y privada

Un 68,1% cree, además, que es importante la colaboración de la sanidad privada en la realización de pruebas e intervenciones para reducir la saturación de la sanidad pública. También se percibe (61%) al sector sanitario privado como una actividad enriquecedora para el país y lo ve como una importante fuente de creación de empleo.

Apartados como la calidad de los servicios, la eficiencia, los tiempos de espera o los recursos tecnológicos de que disponen los centros privados reciben también valoraciones altas calificaciones. Datos, todos ellos, que refrendan la posición de la sanidad privada ante las medidas previstas en el documento del Plan de Acción elaborado por el Ministerio de Sanidad.