El gobierno plantea la reforma del Real Decreto 1093/2010 por el que se aprueba el conjunto mínimo de datos de los informes clínicos en el Sistema Nacional de Salud, sin tener en cuenta la directiva europea que se refiere a la integración de los datos públicos y privados; por ello, el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS), entidad constituida por la mayoría de las empresas sanitarias de titularidad privada de España desea manifestar su contrariedad al no haber sido recabada la opinión de los operadores del sector sanitario privado, del que son usuarios de forma voluntaria casi 10 millones de españoles. A pesar de que en el proceso de consulta se indica que se recabará la opinión de las organizaciones más representativas potencialmente afectadas, la realidad es que no se ha producido ese acercamiento al sector sanitario privado.

Asimismo, desea realizar las siguientes puntualizaciones:

• El RD 1093/2010, por el que se aprueba el conjunto mínimo de datos de los informes clínicos en el Sistema Nacional de Salud que el Gobierno ha propuesto modificar, no adapta el ordenamiento español a la Directiva europea 2011/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2011 relativa a la aplicación de los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza
• El Real Decreto 81/2014, de 7 de febrero, por el que se establecen normas para garantizar la asistencia sanitaria transfronteriza aclara, en su introducción, que la Directiva 2011/24/UE es aplicable a todos los proveedores de asistencia sanitaria, ya sean públicos o privados.
• El Gobierno pretende hacer una reforma sin tener en cuenta al sector sanitario privado, lo cual va en contra del espíritu y de la directiva europea.
• España es el único país europeo en el que existe una estigmatización del sector sanitario privado, al cual, una vez más, no se le tiene en cuenta. En el resto de países la asistencia privada está integrada sin ningún tipo de discriminación de los pacientes- usuarios que, como se ha señalado, en España son cerca de 10 millones que contratan voluntariamente un seguro privado de salud.
• La interoperabilidad del sistema sanitario nunca será real si en su desarrollo no se integran todos los datos, públicos y privados. Por eso, más allá del establecimiento de acuerdos de colaboración que permitan la sostenibilidad del sistema público y que faciliten la accesibilidad a la sanidad, es fundamental normalizar el hecho de que la sanidad de titularidad privada es parte del sistema sanitario, tal como la utilizan de forma efectiva los españoles.
• La continuidad asistencial, que es clave para la mejora de la atención sanitaria y el aprovechamiento de los recursos disponibles, no es posible sin ese intercambio de información que permiten los sistemas interoperables que contemplan a todos los operadores en su estrategia. Es importante destacar en este punto algunos de los datos de actividad del sector privado, cuyos centros sanitarios realizan 4 de cada 10 intervenciones quirúrgicas, 3 de cada 10 urgencias y 3 de cada 10 altas.
• Si los españoles consideran a la sanidad privada integrada en el sistema sanitario y apuestan por el aumento de la financiación, por la equidad de acceso, por la interoperabilidad, entre otros aspectos, tal como atestigua la reciente encuesta de Fundación IDIS, dejar fuera al sector sanitario privado en aspectos de interés crucial para la asistencia sanitaria de los ciudadanos solo puede responder al objetivo de la estigmatización de un sector que es clave para la viabilidad de nuestro sistema de salud. Esta actitud, aunque tenga una finalidad de satisfacer a las ideologías más extremistas, va en contra de lo que opina la inmensa mayoría de la población tal y como ha demostrado dicho informe, según el cual el 95% de los españoles considera necesaria la coordinación y la continuidad asistencial.

Por todo ello, Fundación IDIS solicita al Gobierno que abandone este tipo de actitudes o prácticas discriminatorias frente al sector privado, con las que buscan limitar su valor, por una simple cuestión de satisfacción ideológica. La población, además de estar a favor de una integración entre sistemas, acusa ya cierto cansancio por el ataque sistémico a un sector, que hoy es propietario del 40% de los recursos en sanidad y es motor de innovación, calidad y empleo.

ASPE

Por otra parte, la Alianza de la Sanidad Privada Española confía en que la nueva historia clínica digital interoperable de datos sanitarios que está ultimando el Ministerio de Sanidad -tras cumplirse este 27 de junio el plazo de consulta pública para la presentación de aportaciones a la reforma del Real Decreto de 2010 sobre informes del Sistema Nacional de Salud– incorpore al sector sanitario privado y no se circunscriba solo al circuito público, ya que supondría una limitación que perjudicaría tanto a pacientes como a profesionales sanitarios.

Tal como ASPE tuvo la oportunidad de trasladar al secretario general de Salud Digital, Información e Innovación del SNS y al director general de Salud Digital y Sistemas de Información para el SNS en un encuentro mantenido en octubre de 2020, la interoperabilidad total del conjunto de la infraestructura sanitaria del país es la única fórmula que garantiza un beneficio real en términos de asistencia sanitaria. 

Y es que la interoperabilidad del conjunto del Sistema Nacional de Salud, y no solo entre comunidades autónomas, puede evitar la tan costosa duplicidad de pruebas y los retrasos en diagnósticos muchas veces motivados por la repetición de procedimientos por falta de acceso a los antecedentes clínicos de las personas tratadas.

Carlos Rus, presidente de ASPE, pone el acento en que el historial médico no pertenece a ninguna administración: «La historia clínica pertenece al paciente, que es quien debe autorizar, si así lo desea, el acceso a sus datos sanitarios al médico que le esté tratando», recuerda, porque la interoperabilidad «no autoriza al centro sanitario a acceder a sus datos, sino únicamente al profesional que esté atendiendo a ese paciente, allá donde se encuentre», aclara.

Además, la reforma de interoperabilidad digital en la que trabaja el Ministerio de Sanidad responde a una recomendación de la Unión Europea que comprende la atención sanitaria público-privada presente en todos los sistemas nacionales de salud de nuestros países vecinos. Si España optase por dejar de lado al sector de la provisión sanitaria se estaría, por tanto, operando contracorriente de Europa en términos de la tan necesaria digitalización de la Sanidad.

De otro lado, la interoperabilidad de ambos circuitos, público y privado, no hace más que favorecer el desempeño de los profesionales y evitar trabas administrativas. «Esta posibilidad de acceso a la historia clínica de un paciente elimina barreras, agiliza diagnósticos y es importante en ambas direcciones, no solo para los médicos que ejercen en la sanidad privada», señala Carlos Rus.

Por todo ello, ASPE desea que en la redacción final del texto que se presentará al Consejo de Ministros, se tenga en cuenta y priorice el criterio de los propios profesionales sanitarios que aboga por la accesibilidad a la historia clínica, previa autorización del interesado, independientemente de si el paciente está siendo atendido por un médico del circuito público o privado.  

En esta misma línea, ASPE recuerda que el sector de la provisión sanitaria es parte fundamental del Sistema Nacional de Salud, con el 56% total de centros hospitalarios y el 32% del total de camas existentes en España, además de 12 hospitales universitarios y 12.000 centros sanitarios extrahospitalarios. Esta infraestructura permite atender a más de 12 millones de pacientes anuales, a la vez que llevar a cabo el 38% de las intervenciones quirúrgicas, el 30% de las urgencias y el 26% de las consultas que se realizan en el ámbito hospitalario.