El 67% de los propietarios afirma que tener apoyo legal le da seguridad a la hora de alquilar su vivienda, mientras que el 63% reconoce que ayuda a prevenir pérdidas derivadas de un mal inquilino y simplifica la gestión del alquiler. Estas son algunas de las principales conclusiones que recoge el Informe “Entre leyes y llaves: desafíos legales del propietario en el mercado del alquiler”, realizado por onLygal. 

Asimismo, el informe señala que más de la mitad de los propietarios (53%) reconocen que poner en alquiler sus inmuebles es una fuente de incertidumbre y estrés, dato que muestra una persistente sensación de vulnerabilidad en el actual mercado de alquiler inmobiliario.

Los principales factores que incrementan esta vulnerabilidad y, por consiguiente, aumentan también la necesidad de acompañamiento legal y administrativo, son los continuos cambios normativos en torno al alquiler, así como la irrupción de nuevas modalidades de arrendamiento, con nuevos riesgos legales asociados.

En este sentido, si bien el 67% de los propietarios de vivienda en España valora el alquiler como una forma de conservarla y rentabilizarla, un 61% considera que los continuos cambios normativos generan inseguridad, y un 42% cree que los riesgos legales merman la rentabilidad de su inversión, por lo que alquilar no compensa económicamente. 

“El análisis de las preocupaciones y necesidades de los propietarios al alquilar su vivienda ante la regulación actual, de la incertidumbre que genera y de los riesgos legales asociados a las nuevas opciones de alquiler pone de manifiesto que el acompañamiento legal se erige como un factor clave para la seguridad y profesionalización de la gestión del alquiler”, afirma Verónica Badillo, abogada de negocio de onLygal.

Si nos fijamos en las distintas modalidades de arrendamiento, el estudio arroja que el 61% de los propietarios declara conocer bien el funcionamiento administrativo y legal del alquiler convencional. Sin embargo, este porcentaje se reduce significativamente en la gestión de las nuevas fórmulas: alquiler de temporada (39%), turístico o vacacional (37%), con opción a compra (34%) y por habitaciones (32%). Por ello, el 89% de los propietarios considera muy o bastante importante tener acompañamiento legal cuando optan por un cambio de alquiler de larga duración a una de estas nuevas formas de arrendamiento. 

Necesidades y contratación de acompañamiento legal 

El informe señala también que el alquiler no convencional, especialmente turístico o de temporada, intensifica tanto las dudas legales (50% y 42%, respectivamente) como los requisitos administrativos (38% y 30%). Por su parte, las relacionadas con conflictos con inquilinos o desahucio son mayores al alquilar por habitaciones (29% y 27%, respectivamente).

En este sentido, la contratación de asesoramiento aumenta entre quienes alquilan de forma no convencional (34%), especialmente a través de las fórmulas turístico o de temporada (35% y 37%, respectivamente), sobre todo, las mujeres (29%), los menores de 45 años –alcanzando un 34% en el tramo de 35 a 44 años– y los hogares con ingresos inferiores a 1.500 € (42%). 

 

Respecto a los servicios de asesoramiento legal contratados, el 43% de los propietarios afirma haber recibido apoyo para la revisión y redacción de contratos, cuestiones fiscales y legales (40% y 39%), actualización de rentas (28%), gestión de impagos y reclamaciones (23%), protección de la propiedad (19%) y resolución de conflictos con inquilinos (18%), o con la comunidad de vecinos (13%). Porcentajes que se incrementan al alquiler por temporada o habitaciones.

A este respecto, el informe señala también que el 80% de los propietarios que cuenta con acompañamiento legal afirma sentirse más seguro y el 77% valora que previene pérdidas derivadas de un mal inquilino.

“Los datos muestran que la evolución del mercado del alquiler trae consigo nuevas necesidades legales para los propietarios, en muchos casos desconocidas, que pueden conllevar sanciones o pérdida de derechos. En consecuencia, tres de cada diez arrendadores han contratado servicios para aclarar cuestiones legales o requisitos administrativos en los últimos tres años. No solo minimizan los riesgos, evitan litigios y proporcionan una mayor rentabilidad y estabilidad de la inversión, sino que además les aportan mucha más tranquilidad”, concluye Badillo.