Los accidentes de tráfico (67 %); las reclamaciones de consumo relacionadas con viajes, ocio o contratación de servicios (57 %) y la compra o alquiler de vivienda (51 %) son las principales situaciones que, para los jóvenes de entre 19 y 30 años, plantean focos de conflicto legal.

Así lo recoge el Informe “Necesidades legales de los españoles” realizado por onLygal, compañía especializada en soluciones legales, que concluye que un 70% desconoce en gran medida sus derechos, y autocalifica con un suspenso (4,5) sus conocimientos sobre leyes y derechos.

“Si bien la mayoría de edad abre un abanico de nuevas oportunidades, tales como independencia, acceso a su primer trabajo, compra de su primer coche, etc., conlleva también la exposición a nuevas situaciones y riesgos que pueden derivar en conflictos legales”, explica Natàlia Mañas, responsable del Centro de Asistencia Jurídica de onLygal.

Ante esta situación, el estudio “Necesidades legales de los españoles”, que analiza las situaciones de riesgo en las distintas etapas de la vida, desvela que para casi la mitad de los jóvenes (48 %) Internet y las redes sociales son las principales fuentes de consulta para resolver sus dudas, seguidas de familiares y amigos (29 %).

No obstante, el informe apunta a que la juventud es consciente de que, en numerosas ocasiones, se trata de información sesgada por lo que reconocen la necesidad de acudir a profesionales.  “Disponer de una asesoría profesional que proporcione información legal clara y comprensible puede marcar la diferencia entre resolver un conflicto o enfrentarse a consecuencias más graves”, afirma la responsable del Centro de Asistencia Jurídica de onLygal.

Por ello, los jóvenes acuden al asesoramiento legal profesional para resolver situaciones de especial relevancia, siendo los abogados la principal fuente de consulta para dudas relacionadas con asuntos laborales (51 %); uso de Internet –estafas, acoso, suplantación de identidad…– (50 %); contratos (41 %); tráfico (30 %), reclamaciones (27 %) y vivienda (24 %).

En este sentido, el informe señala que, pese a que el 35 % de los jóvenes se ha planteado emprender acciones legales en alguna ocasión, sólo un 11,5 % lo ha llevado a cabo. Concretamente, al 16 % le hubiera gustado emprenderlas ante problemas con la empresa, al 8 % ante los relacionados con servicios profesionales contratados y al 13,5 % ante problemas con su jefe o un compañero de trabajo.

Como principal freno apuntan a la percepción del coste económico, seguida de evitar problemas y estrés, la complejidad de los procesos, la inseguridad del resultado, así como no conocer ningún servicio legal de confianza.

“Ante nuevos escenarios y conflictos es esencial que los jóvenes cuenten con un buen asesoramiento y con las herramientas necesarias que les permitan defender sus derechos y tomar decisiones informadas sobre acciones que pueden tener un impacto duradero en sus vidas”, concluye Mañas.