Fundación Edad y Vida ha organizado un webinar sobre “Covid-19: Perspectivas económicas y sostenibilidad del estado de bienestar”, con la intervención de Óscar Arce, director general de Economía y Estadística del Banco de España.

Tras analizar los efectos de la pandemia en la economía española y los datos sobre la previsible evolución del sistema público de pensiones, Arce ha presentado algunas conclusiones sobre las reformas necesarias que deberá abordar el Pacto de Toledo. En lo que respecta a las soluciones relacionadas con el ahorro privado, ha señalado que la deducción fiscal que tienen actualmente los productos de ahorro finalista, como los planes de pensiones, “se ha demostrado poco atractiva dado el modo en que está diseñada”. Además, destaca que, la gran mayoría de los que aprovechan estas ventajas fiscales se corresponden con el segmento de población con rentas más altas, con la particularidad de que, a su juicio, “no consiguen generar ahorro nuevo, sino trasladar ahorro de unos productos a otros”.

Destaca que el porcentaje de hogares en el que alguno de sus miembros cuenta con un plan de pensiones individual es del 23%, 6 puntos menos que la media europea (datos de 2017). Una de las razones es la consabida preferencia de los españoles por destinar su ahorro a los activos inmobiliarios. De ahí que considere que es el momento oportuno para “desarrollar productos financieros responsables y competitivos que aporten una opción a nuestros mayores para que puedan utilizar su riqueza inmobiliaria y acceder a activos financieros líquidos en condiciones atractivas y seguras”.

Al ser interpelado por alguno de los miembros de la Comisión de Fiscalidad y Financiación de la Fundación Edad y Vida, Arce ha reconocido que “no es un buen momento” para abordar el impulso de los planes de pensiones de empresa, teniendo en cuenta los graves efectos de la pandemia.

Cree que el escaso desarrollo del segundo pilar no tiene que ver solo con la fiscalidad y la regulación, sino también con la estructura productiva de nuestro país, donde predominan las pymes. Los aseguradores españoles defienden la adopción de un modelo similar al vigente en Gran Bretaña, donde este sistema es obligatorio para las empresas y los empleados se adhieren automáticamente a no ser que renuncien expresamente. Para Arce, aun advirtiendo que el Banco de España no participa de ninguna manera en los debates del Pacto de Toledo, este modelo “merece un estudio detallado, puesto que, desde que entró en vigor, el crecimiento ha sido espectacular”.

Las principales amenazas a la viabilidad del sistema

En cuanto a la previsible evolución del sistema público de pensiones, Arce apunta algunos datos muy significativos. Según las proyecciones demográficas, en 2050 la tasa de dependencia pasará del 30% actual hasta el 50-70%, lo que supondrá un aumento del gasto de entr 3,2 y 5,1 puntos porcentuales del PIB.

Además, señala que, incluso en un escenario en que la tasa de empleo mejore hasta el 80%, un supuesto muy optimista si tenemos en cuenta que en 2019 era del 60%, no sería suficiente para compensar el aumento de gasto que generará la presión demográfica.

Arce indica que la Seguridad Social se enfrenta a retos muy importante con la inminente jubilación de la generación de los ‘baby boomers’ y apunta dos tendencias muy preocupantes: el aumento de la tasa de dependencia y el crecimiento de la pensión media.