La entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025 de Eficiencia Procesal el 3 de abril marcará un hito en el sistema judicial español, introduciendo cambios significativos en la gestión de conflictos civiles. Este fue el punto de partida de la tertulia médico-jurídica organizada por Promede, con la colaboración de Plataforma REDeS, e inaugurada por el consejero delegado de Promede, Juan Abarca, en la que se puso de manifiesto que a partir de esta fecha será obligatorio acudir a uno de los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC), que buscan fomentar la resolución extrajudicial humanizando las controversias y promoviendo soluciones pacíficas y colaborativas, antes de llegar a los tribunales.

Álvaro Irurita, director de Plataforma REDeS, explicó que, en el ámbito de la responsabilidad sanitaria, «no podemos limitarnos a ver los conflictos como simples reclamaciones legales, debido a que detrás de cada caso hay historias humanas marcadas por el dolor, la frustración y, en muchos casos, la pérdida. Por ello, señaló que es necesario apostar por un modelo en el que los Medios Adecuados de Solución de Controversias no sean una opción secundaria, sino una etapa esencial en el camino hacia la justicia».

Por su parte, Escarlata Gutiérrez, fiscal, asesora del Ministerio de Presidencia, Justicia y relaciones con las Cortes insistió en que este tipo de soluciones consensuadas tienen mayor relevancia que aquellas impuestas por un juez. De hecho, destacó que, a pesar de que solo el 1% de los conflictos se resuelven por mediación en Europa, existen países que demuestran que un proceso de mediación es hasta 10 veces más ágil y hasta 4 veces más económico que un procedimiento civil o mercantil ordinario, por lo que considera que «estamos ante un cambio de paradigma».