La Sección Española de la Asociación Internacional de Derecho de Seguros (Seaida) y el despacho Pérez-Llorca han organizado un seminario para analizar algunos aspectos de la norma proyectada sobre la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero desde la perspectiva del sector asegurador y profesional. En ella han participado, entre otros expertos, Elisa Ricón, directora general de Inverco; Daniel Tomé, director del Área Legal y Recursos Humanos de Unespa (en la imagen); o Álvaro Urrutia. director general de Amaef.

Ricón, que ha comenzado su intervención señalando que no le parece acertado que el futuro organismo lleve al término ‘defensa’ en su denominación, ha afirmado que en el articulado existen una serie de exclusiones en las reclamaciones a las entidades que conviene revisar para ajustarse a la realidad de la industria financiera y aseguradora. “Hay que generar desde las normas y las instituciones mecanismos para desarrollar educación financiera y confianza en todos los agentes del sector”, ha indicado.

Desproporción

Por su parte, Daniel Tomé ha asegurado que “por mucho que no nos guste, no tiene sentido ahora ir contra la Autoridad de Defensa y hay que procurar que salga lo mejor posible para todos”. Este profesional ha indicado que “durante la tramitación del Anteproyecto de Ley se consiguieron importantes modificaciones, como poder: ir por la vía civil en las reclamaciones vinculantes con la Autoridad, limitar el plazo de resolución de un cliente a 90 días o la apuesta por la educación financiera, que creemos que es un pilar fundamental para evitar reclamaciones”.

Entre las cuestiones que todavía creen que deberían revisar se encuentra la definición de cliente potencial “que nos preocupa mucho porque no aparece en la Directiva y no parece razonable que pueda poner una reclamación cualquier persona que solo haya tenido un contacto con una entidad, ya que las compañías tendrán que guardar durante 6 años toda la información relativa a un cliente potencial, algo que va en contra de la legislación española vigente”.

También ha subrayado que “el importe de 20.000 euros para las reclamaciones vinculantes nos parece desproporcionado. Hemos propuesto que baje a 2.000, aunque no tenemos muchas esperanzas en que se nos haga caso”. Además, ha afirmado que “hay que resolver cómo se va a financiar esta Autoridad y cómo se va a estructurar su funcionamiento, dado que aún desconocemos el modo en el que se va a trasladar el servicio de reclamaciones de la DGS y el Banco de España a este nuevo organismo.

Finalmente, Álvaro Urrutia ha apelado a que “es importante manejar el gap de expectativas, que es la diferencia entre lo que el cliente está contratando y lo que cree que en realidad está contratando”. De hecho, pide paciencia porque “se ha ampliado el plazo de enmiendas a la totalidad hasta el 24 de abril, lo que demuestra que hay mucha disparidad en los criterios de los distintos grupos parlamentarios. Lo mas probable es que el texto no se apruebe hasta finales de año”.