AGM Abogados celebró ayer en la Fundación Pons de Madrid un coloquio-cóctel sobre el impacto del Proyecto de Ley 121/000018 en el sector del seguro, al que acudieron numerosos profesionales de los sectores jurídico y asegurador.

Esta nueva normativa, actualmente en trámite parlamentario, crea la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero para la resolución extrajudicial de conflictos entre las entidades financieras y aseguradoras, y sus clientes, fue calificada en el foro como «una revolución en la resolución de conflictos».

Lázaro Cuesta, responsable de Asesoría Jurídica, Proyectos Normativos e Internacional de Unespa, fue el encargado de la ponencia de presentación del acto, resaltando los tres puntos que más polémica ha generado la nueva Autoridad entre las aseguradoras: «En primer lugar, hay que tener en cuenta que la tipología de los productos de seguros y su normativa son muy específicos y diferentes del sector financiero, por lo que agrupar en un mismo organismo ambos sectores puede generar roces. En segundo lugar, el carácter vinculante de las resoluciones por debajo de 20.000 euros, un punto que tiene difícil encaje constitucional, porque los conflictos entre particulares los resuelven los jueces. Sin duda, es el punto más controvertido del nuevo proyecto. Y en tercer lugar, la polémica tasa que se impone a las aseguradoras directamente por cada reclamación que recibe. Aunque se ha eliminado la cifra de 250 euros y cambiado por un sistema que suma las diferentes reclamaciones a una entidad, es una medida que traerá problemas». 

En cualquier caso, en su valoración final general, Cuesta mostró su esperanza de que esta nueva Autoridad sirva para mitigar el tremendo atasco que tienen los juzgados en España.

A continuación se inició un debate en el que participaron David Bürger, responsable de Asesoría Legal en GAM y representante de AGERS; Enrique Luján, Claims Operations Leader Spain en Marsh; Mariano Fisac, Head of Claims Spain & Portugal en AXA XL; Vicente Hurtado, CEO en Grupo Addvalora, y Gregorio Riber, socio del área Derecho de Seguros en AGM Abogados. En él, los ponentes manifestaron sus inquietudes sobre el Proyecto de Ley, como el posible riesgo de que esta nueva Autoridad pueda convertirse en un órgano fiscalizador, así como la falta de ambición del legislador al dejar fuera de su ámbito de aplicación, tanto cuestiones técnicas que requieren de un dictamen pericial, como a las grandes empresas y los grandes riesgos.

En un reciente artículo en SegurosNews, Miguel Noriega, socio de Derecho de Seguros de AGM Abogados, analizaba detalladamente la nueva normativa y constataba que «la tramitación de reclamaciones no será sencilla para las aseguradoras con la nueva Autoridad de Defensa del Cliente, en base a un procedimiento tuitivo con el reclamante y donde las aseguradoras deberán dar una respuesta motivada al órgano administrativo debiendo aportar en el plazo de 20 días desde que se le notifique la incoación del expediente, el correspondiente escrito de alegaciones acompañando la documentación que tenga por conveniente para la defensa de su derecho».