Por Maciste Argente, corredor de seguros

En tu actividad profesional, ¿maltratarías económicamente a aquellos que, gracias a su esfuerzo económico, consiguen que tú tengas un ahorro considerable en tu cuenta de gastos? Además de maltratarlos, y pese al beneficio que obtienes de sus decisiones, ¿los encasillarías como clase pudiente y, por lo tanto, privilegiada?

Adivino cuáles son las respuestas de la inmensa mayoría de cuantos amablemente están leyendo esta colaboración y, por lo tanto, me atrevo a afirmar que, al igual que yo, no dais crédito a la última ocurrencia del Gobierno de coalición, hecha pública ayer mismo, en relación con la posible aplicación del IPS a los seguros de Salud.

Afirmar sin sonrojo que los 12,4 millones de personas que tienen suscrito un seguro de Salud son clase privilegiada es, o una falsedad, o un claro desconocimiento del perfil económico y humano de esos asegurados. Al parecer, para nuestros gobernantes, clase privilegiada son aquellos cuyos ingresos anuales parten de los 60.000 euros. Sería una excelente noticia que esos 12,4 millones de asegurados estuvieran en ese nivel de ingresos, pero las estadísticas y datos de Hacienda indican que los perceptores de esos ingresos no alcanzan ni siquiera a 1,5 millones de ciudadanos.

Personalmente, no tengo el más mínimo problema en que las personas ingresen lo más posible, si ello es fruto de sus capacidades y esfuerzo; además, en un sistema fiscal progresivo como el nuestro, ya se les exige justamente a estos ciudadanos un esfuerzo acorde a su nivel de renta, superior al de la media de la población.

Lo que hace evolucionar a los países es la creación continua de riqueza. El reparto de la misma hacia la población menos favorecida llega precisamente por la aplicación del ya mencionado sistema impositivo progresivo, por lo que no parece de recibo estigmatizar a aquellos que son calificados como privilegiados.

A lo anteriormente comentado se suma otra cuestión de enorme importancia: el ahorro, o “no gasto”, como prefieran definirlo, en beneficio de la Administración, como consecuencia de los millones de asistencias médicas —tanto en primaria como en especialidades y hospitalizaciones— que son absorbidas por el sistema de salud privado y no por el sistema público.

Aunque no albergo casi ninguna esperanza, espero y deseo que nuestra ministra de Hacienda —por cierto, licenciada en Medicina— recapacite y deje de lado este desacertado asunto, y que nos convenza de que se trata de una inocentada trasladada del 28 de diciembre al 12 de noviembre.