El Consejo General, según se indica, ha acogido con satisfacción la advertencia emitida por el supervisor europeo de seguros, EIOPA, en la que se insta a la banca a modificar su comercialización de pólizas para evitar sanciones. EIOPA explica en su análisis que ha detectado «prácticas de suscripción y ventas deficientes» al tiempo que afirma que las practicas generalizadas de venta cruzada impiden que los consumidores tengan libertad para combinar un producto bancario con una póliza de cualquier aseguradora, diferente a la que ofrece le entidad. Según EIOPA, «el 83% de los bancos vincula estas coberturas a su principal producto crediticio».

Para el supervisor europeo «tales prácticas pueden ser muy perjudiciales para los consumidores y generar inquietudes sobre si las aseguradoras y los bancos aplican adecuadamente los principios regulatorios fundamentales establecidos en la Directiva de Distribución de Seguros, IDD».

Desde el Consejo General se resalta que «las conclusiones de EIOPA coinciden con las obtenidas por los colegios de mediadores a través de las denuncias recibidas de usuarios, que en la mayoría de los casos prefieren el anonimato ante el temor de enfrentarse al banco donde tienen sus créditos. De hecho, varios colegios han apoyado demandas contra la banca. Actualmente hay tres admitidas por diferentes juzgados y en proceso de instrucción. En la acción jurídica contra una práctica bancaria supuestamente ilegal, el Colegio de Zaragoza dio apoyo a un usuario logrando una condena contra el Banco de Sabadell que, tras recurrirla, ha sido ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón».

Asimismo, se recuerda que «en julio de 2020 los colegios de mediadores, a través de su Consejo General, presentaron un informe elaborado en colaboración con la empresa GAD3 en la que se ponía de manifiesto como el 59% de los usuarios habían recibido presiones para vincular la concesión de un crédito a la contratación de un seguro con la propia entidad, incrementándose hasta un 79% en el caso de las hipoteca». Esta práctica, según el informe, no se limitaba a seguros de Hogar o Vida, sino que alcanzaba seguros de Autos e incluso de Salud.

Para el Consejo General, la advertencia de EIOPA es «una magnífica noticia que defiende el libre mercado, protege a los usuarios y mejora la percepción del sector asegurador”. No obstante, para el Consejo General, «llama la atención que sea la Unión Europea quien denuncie esta práctica mientras en España se consiente con toda impunidad».