En julio de 2023, el Gobierno aprobó el desarrollo reglamentario necesario para poner en marcha el fondo de pensiones de empleo de promoción pública antes de las elecciones generales. Sin embargo, según ha publicado La Información.com, un año después, tras haber designado a las cinco gestoras que van a ofrecer los quince vehículos de ahorro y haber constituido la Comisión de Control Especial -cuyos integrantes han elegido el Ministerio de Seguridad Social, las patronales y los sindicatos– apenas ha dado sus primeros pasos y el departamento de Elma Saiz ha detectado que hay que hacer nuevos cambios en la normativa (y rápido).

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha sometido al trámite de audiencia e información pública el borrador de un Real Decreto que modificará el reglamento de planes y fondos de pensiones y la Orden Ministerial que recoge la remuneración de los miembros de esa comisión. En la memoria que acompaña al texto, consultada por el diario, el Gobierno admite que estas lagunas han frenado el desarrollo de la apuesta de José Luis Escrivá, que en ese momento estaba al frente del citado Ministerio. El organismo señala que «la mejora reglamentaria que se propone sobre los aspectos necesarios y mejoras técnicas es urgente (…), ya que sin dicha regulación no puede continuar la efectiva puesta en marcha de algunas disposiciones de la Ley».

En ese sentido, desde el Ministerio no avanzan cuál será la fecha de aprobación del proyecto, aunque solo tendrá que superar la reunión del Consejo de Ministros. No obstante, fuentes del equipo de Elma Saiz consultadas por el mencionado diario, confían en que estos cambios se traduzcan en un impulso que lleve a sumar más planes al fondo de promoción pública y se avance hacia el objetivo de 500 millones de euros de ahorro que cada una de las entidades seleccionadas tenía que alcanzar en tres años.

El citado Real Decreto eliminaría la posibilidad de que estos planes de empleo prevean el pago de prestaciones a los jubilados parciales -que sí podrán seguir haciendo aportaciones- y eliminaría la revisión anual de los planes que guarden un margen de solvencia con patrimonio no comprometido. Además, incluiría la modificación de la Orden ISM/1198/2023 que recoge la remuneración de los miembros de la Comisión de Control Especial para detallar que estos solo tendrán derecho a los 3.375 euros brutos al mes que les corresponden cuando los fondos alcancen -y mantengan- un ahorro de 1.000 millones de euros. Este pago se asigna por la asistencia a las reuniones periódicas que se celebran cada mes, trimestre o año. Si bien, las reuniones extraordinarias también tienen asociada una remuneración adicional que variará en función del patrimonio que gestionen los fondos, ya que tendrán que asumir este gasto.

El Gobierno confía en que este sea el último impulso que necesitan los vehículos de ahorro gestionados por VidaCaixa, BBVA, Caser Pensiones, Ibercaja Pensión y Santander Pensiones, registrados en la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones a mediados del mes de diciembre.