El Foro de Expertos del Instituto Santalucía ha concluido, tras su último encuentro, el carácter cada vez más complejo y confuso de los Presupuestos Generales del Estado para 2023 en materia de Seguridad Social al incluir gastos y prestaciones que mezclan las partidas contributivas y no contributivas. Este capítulo social es la mayor partida de los presupuestos, más del 40% del gasto consolidado, lo que supone unos 204.209 millones de euros, un 12,8% más con respecto a 2021.

Concretamente, afirma que el grueso del gasto en Seguridad Social de los PGE se destina a financiar las pensiones contributivas con un coste previsto de 166.777 millones de euros (11,2% más que el año anterior) y las no contributivas, que recibirán 2.803 millones de euros (sin incluir País Vasco y Navarra). Sin embargo, además de los complementos de mínimos para las pensiones contributivas y no contributivas, se traspasan al Estado otros gastos impropios que incluyen prestaciones explícitamente contributivas como el nacimiento y cuidado de menores, por un total de 3.117 millones de euros, y otros 5.560 millones de euros por conceptos no detallados.

“Aunque una de las recomendaciones del Pacto de Toledo en 2020 era clarificar la separación de fuentes entre el Estado y la Seguridad Social, en la práctica ocurre lo contrario”, comenta José Manuel Jiménez, director del Instituto Santalucía. “Algunos gastos supuestamente impropios se traspasan al Estado y la falta de transparencia y de metodología objetiva para el cálculo presupuestario aumenta la incertidumbre sobre la sostenibilidad financiera del sistema”, subraya Jiménez.

Los expertos del Instituto Santalucía opinan que las trasferencias crecientes para la financiación de “gastos impropios”, que en parte no son tales, solo sirven para traspasar al Estado la mayor parte del déficit del sistema contributivo de pensiones, ofreciendo una imagen distorsionada de la salud financiera del sistema.