La Cátedra Pérez-Llorca / IE de Derecho Mercantil ha organizado el webinar ‘El seguro ante los ciberriesgos’, que ha contado con la participación, entre otros expertos, de Fidel Solera, fiscal delegado de criminalidad de la Fiscalía Provincial de Madrid, que ha confirmado que “uno de cada diez delitos que se cometen hoy en España están relacionado con el ámbito informático”.

En su opinión, “el mayor índice de criminalidad se da en los fraudes informáticos, principalmente, en estafas telemáticas que buscan conseguir un desplazamiento patrimonial de unas cuentas bancarias a otras”. De acuerdo al Ministerio de Interior, en 2019, se incoaron en el Estado un 44,92% más de procedimientos judiciales por ciberdelitos que en el año 2018. En 2019, se produjeron 218.302 ciberataques en España.

Crecimiento del ramsomware y del fraude en criptomonedas

Los ciberataques más comunes son los delitos de estafa (phising, pharming, estafas del soporte técnico, fraude al CEO, etc), extorsión, falsificación de documentos, descubrimiento y revelación de secretos de empresa, daños y sabotaje informático, o delitos contra la propiedad intelectual e industrial. En este sentido, la Fiscalía General del Estado ha revelado el imparable crecimiento de la actividad delictiva en el ciberespacio, desde un índice del 2,1% en el año 2011 hasta alcanzar un 9,9% en 2019.

Solera ha insistido en que “la reforma judicial de la Ley de Enjuiciamiento Judicial ha sido muy positivo porque se ha favorecido la investigación tecnológica de manera muy ágil, lo que está permitiendo grandes logros policiales”. En este punto se ha referido, en concreto, al “peligro de las criptomonedas”, así al “avance del ramsomware y del secuestro de la información”.

De acuerdo a Solera, “el secuestro de información impide a la empresa poder mantener su actividad lo que cuesta mucho dinero. Además, existe la responsabilidad derivada sobre la filtración de información y la revelación de secretos, ámbitos en los que debe entrar un seguro de ciberriesgos”.

Coberturas esenciales

Solera también ha resaltado que un gran problema con los datos robados es que se comercializan en la Deep Web, “y eso puede conllevar una responsabilidad elevada para la empresa si no ha puesto los impedimentos correctos para que eso ocurra”. En este sentido, ha afirmado que “todos tenemos la obligación de denunciar un delito cuando conozcamos que se ha cometido. A partir de la denuncia es como se puede iniciar una investigación”.

Otros especialistas que han participado en la jornada han sido Adriana de Buerba, socia de Penal Económico e Investigaciones de Pérez-Llorca, que ha insistido en que “muchos seguros de ciberriesgo cuentan ya con importantes coberturas, como el asesoramiento profesional o la posibilidad de sufragar auditorías periódicas y test para verificar los sistemas de las empresas”; o Joaquín Ruiz Echauri, socio de Seguros y Reaseguros de Pérez-Llorca, que ha afirmado que «la ciberseguridad es algo que nos afecta a todos y exige ya disponer de un seguro contra el ciberriesgo”.