Ayer, 24 de septiembre, ICEA presentó en su sede de Madrid el estudio ‘Aplicación de criterios ESG en el sector asegurador’. Abrió el encuentro María Luisa Álvarez, jefa del Departamento de Sostenibilidad de la DGSFP, que habló de las novedades normativas y prioridades de supervisión en materia de sostenibilidad de la DGSFP.

Álvarez destacó, al comienzo de su intervención, que “el cambio climático nos afecta  a todos, por lo que tenemos que contribuir a mitigar el cambio climático, pero el sector asegurador es uno de los más perjudicados, ya que afecta al activo, al pasivo y al gobierno”. Añadió que, en relación con el cambio climático, “podemos sufrir riesgos físicos, de transición (pérdidas de valor de activos), de responsabilidad (pérdida de derechos y bienes por falta de actividad)”.

Asimismo, resaltó que “en la parte del activo, la importancia económica del impacto del cambio climático en el sector asegurador es innegable. En el pasivo, todos los productos del sector tienen algún componente que puede verse afectado por el cambio climático”. Aquí, apuntó que “será decisión de las aseguradoras como quieran diseñar sus productos para adaptarse a la situación actual; la no adaptación supondrá quedarse atrás”.

Más información

También habló de la información que va a haber que proporcionar a los consumidores, “aunque los éstos también tendrán que ir demandando cada vez más productos responsables”, señaló. En referencia a la parte de gobierno, comentó que “cada entidad tendrá que tener una persona encargada de la parte de sostenibilidad”. Añadió que se tendrán que hacer análisis de riesgo para ver que es material y que no, y en cuanto les impacta”.

En gestión de activos, comento que “habrá que ver si las inversiones son más sostenibles, más verdes”. Además de “observar cómo evolucionan las políticas de reaseguro, si suben o bajan los precios del reaseguro”. Además, en la parte de remuneración, “las políticas tendrán que reflejar la sostenibilidad de las empresas”.

Apoyo del supervisor

Álvarez también indicó que, en materia de supervisión, “se ha incluido la sostenibilidad  como uno de los pilares de supervisión para el periodo de 2023 a 2025”. En ese sentido, recordó la creación del Departamento de Sostenibilidad de la DGSFP en 2023 y explicó que se analizan tanto las partes cualitativas (recepción de ORSA, cómo se está incluyendo en la suscripción la sostenibilidad…) y las cuantitativas (EIOPA está viendo la posibilidad de modificar partes de la fórmula estándar por motivos de sostenibilidad).

Además, subrayó que “intentamos colaborar con todas las entidades que nos lo solicitan en materia de sostenibilidad; también colaboramos con la CNMV, el Banco de España, el Tesoro, EIOPA y el ICAC”.

La jefa del Departamento de Sostenibilidad de la DGSFP también puso de relieve las novedades que se incorporan al reglamento delegado de Solvencia II. Así, comentó que “las entidades tendrán que identificar, evaluar y gestionar los riesgos de sostenibilidad; en la función actuarial se va a tener que incorporar la sostenibilidad a las políticas de suscripción; y en la política de remuneración se tendrá que incluir información sobre la integración de riesgos de sostenibilidad”, entre otras novedades.

Información útil y de calidad

Desde la DGSFP, añadió, “el objetivo es que se reporte información que sea útil y que no suponga una carga extra para las entidades”. Se refirió también al principio de persona prudente, en base al que todas las entidades tienen que identificar, medir y poder gestionar la sostenibilidad, ya que es uno de los riesgos”.

Explicó que “se ha analizado también si es necesario o no cargar los activos marrones”. En ese sentido, EIOPA propone, en la parte de renta variable, una carga adicional del 17% o cagar todas las acciones como tipo 2, y en la parte de spread, hacer una rebaja de rating a estos activos marrones o incrementar la carga en un 40%”.

En la parte de ORSA, recordó que hay que incorporar todos los riesgos, incluido el de sostenibilidad, valorando la materialidad y analizando dos escenarios climáticos (impacto a corto y largo plazo).

En la parte de reporting en materia de CSRD, deberá incluir la exposición de la entidad ante el cambio climático. Los conceptos clave, apuntó, “son cadena de valor y doble materialidad”.

Con todo lo anterior, Álvarez destacó que se consigue “mayor calidad de la información, datos homogéneos y comparables sujetos a verificación que, además, estará supervisada por el ICAC lo que aumenta la seguridad de la información y que serán de utilidad no solo para las entidades, sino también para inversores institucionales». Así, el informe de sostenibilidad incluirá una descripción del modelo de negocio, de los objetivos, sistema de incentivos…

En cuanto a los productos de inversión basados en seguros, indicó que “todas las entidades tendrán que reportar información al supervisor en materia de sostenibilidad e informar a los consumidores”. Por lo que, añadió, “habrá que tener en cuenta el perfil inversor del cliente, en la política de remuneración tendrá que quedar reflejado el componente de sostenibilidad y la información precontractual para los consumidores se ha incrementado

Concluyó que, en materia de sostenibilidad, los retos son: el cambio de mentalidad a nivel gobierno; tener en mente el riesgo de sostenibilidad siempre; analizar o no si es necesario cambiar la política de inversiones; el análisis del impacto; la transparencia en las políticas de remuneración; y las políticas de reaseguros.