Por Jorge Etreros, asociado sénior de Seguros,

Reaseguros e Innovación de

CMS Albiñana & Suárez de Lezo

Se confirmaba recientemente la bajada en las primas en 2020, protagonizada especialmente por la bajada en Asistencia y en Vida en más de un 25%. Además, la entrada en vigor de un nuevo estado de alarma supone otro obstáculo más para el sector, por no mencionar la subida de impuestos propuesta en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado y que tan acertadamente analizaba Unespa estos días. Las restricciones en la movilidad, el «toque de queda«, el cierre de bares y restaurantes en ciertas regiones…, todo ello afecta a nuestro querido mundo del seguro.

Hacer frente a una crisis económica y a un estado de alarma que amenaza con prolongarse hasta mayo (aunque jurídicamente esto tenga difícil encaje) son retos cruciales para la industria aseguradora. Pero debemos recordar que la vida sigue, y que, desde el ámbito legal, en breve se producirá la ratificación del Proyecto de Ley de Distribución de Seguros y la aprobación definitiva del Proyecto de Ley para la Transformación Digital del Sistema Financiero. Estos dos hitos no son retos únicamente, sino principalmente oportunidades. Y es que tiempo de crisis, tiempo de oportunidades. No todo ha de ser negativo, vayamos primero al optimismo.

El reparto de fondos estructurales de la Unión Europea debería acarrear, esperemos, una colaboración público-privada. Un aumento del gasto público, destinado a proyectos de reconstrucción. Ramos como Caución, podrán consolidar así su crecimiento.

Por otro lado, si algo ha acelerado esta pandemia es la digitalización de la actividad económica. Cada vez se tiende más a un negocio digital, a un mundo no presencial y, con ello, se incrementan los riesgos cibernéticos. Otra oportunidad para el sector asegurador de demostrar su valía como medio para prevenir o minimizar riesgos. Si la gestión de estos riesgos para el sector asegurador es ya un gran desafío, lo es también desde un punto de vista legal. Surgirán reclamaciones y siniestros nuevos que llevarán a dilemas legales. Nos encontramos ya ante uno: el encaje legal de pagar un rescate en caso de ransomware o secuestro de sistemas/datos. Sin duda estamos ante un riesgo muy dinámico, por lo que será necesaria una continua y rápida adaptación.

En cualquier caso, hay vida más allá del Covid-19, debe haberla. Como anticipábamos, estamos a la espera de la ratificación en el Parlamento del Proyecto de Ley de Distribución de Seguros, así como la posterior publicación por parte de la DGSFP de una Resolución de Formación de Seguros para distribuidores. Veremos qué cambios se introducen respecto al Real Decreto-Ley 3/2020 y si se tendrá en cuenta debidamente a los nuevos players en el mercado, las insurtechs.

Además, estamos pendientes de que se confirme en el nuevo texto la prohibición de que los corredores puedan recibir comisiones por la distribución de Unit Linked lo que podría suponer, a priori, algunas transformaciones de corredores en agentes.

En cuanto a las insurtechs, su actividad no se limitará a la distribución, sino que entrarán de lleno en la actividad aseguradora. En este sentido, el reto legal más interesante ante el que nos encontramos es la inminente ratificación en el Senado del Proyecto de Ley para la Transformación Digital del Sistema Financiero, la ley del Sandbox. Esto supone que antes de final de año estaremos ya ante una primera convocatoria de proyectos para su puesta a prueba. Por fin veremos la flexibilidad normativa necesaria para el nacimiento de proyectos que puedan, quien sabe, revolucionar el sector. El uso de inteligencia artificial, el big data o el blockchain en la operativa tradicional de la actividad aseguradora supone una revolución y, con ello, la necesidad de encajarlo regulatoriamente. Además, será necesaria la creación de nuevos productos que, sujetos a la aprobación del correspondiente regulador, cubran la actividad de estos proyectos durante la fase de prueba en el Sandbox.

Más allá de la oportunidad que generará por acelerar la implementación de la tecnología a las actividades de seguro y reaseguro, los resultados de la pandemia conllevarán también nuevos desafíos para el ecosistema asegurador. Nos enfrentaremos a tensiones legales (más allá de las comerciales) que el sector debe saber apaciguar: la cobertura de test de detección de Covid-19, la extensión de los ERTEs y su impacto en las pólizas que cubran pérdida de empleo, la oleada de incautaciones de garantías como consecuencias de incumplimientos contractuales, el impago en las pólizas de crédito, oponibilidad de ciertas exclusiones, reestructuraciones en modelos de distribución, nuevos tipos de ataques cibernéticos, etc.

Se avecinan unos meses de incertidumbre pero apasionantes, tratemos de sacar partido de la situación en la medida de lo posible. Aprovecharemos los nuevos escenarios que se nos planteen para fortalecer al sector. Estamos preparados.