El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Sanidad, ha aprobado el Anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS), con el objetivo de garantizar la prioridad de la gestión pública en la organización, provisión y administración de los servicios sanitarios.

El anteproyecto se fundamenta en estudios internacionales, incluyendo un análisis de 38 países de la OCDE que concluyó que no existe evidencia favorable hacia la privatización en términos de eficiencia, mostrando que los sistemas públicos hacen un mejor uso de los recursos.

Según el anteproyecto, «en el contexto español, la evidencia analizada muestra que modelos de gestión indirecta, como el modelo Alzira, obtuvieron peores resultados en hospitalizaciones evitables y mortalidad por infarto o ictus en comparación con hospitales públicos similares. Además, la privatización se asocia con una reducción de plantillas que puede erosionar la calidad asistencial y la sostenibilidad del sistema».

El anteproyecto limita la gestión indirecta de la sanidad pública situaciones excepcionales, permitiéndola solo cuando: No sea posible la prestación directa; se garantice sostenibilidad financiera y eficiencia, y se cumplan requisitos de calidad, continuidad, accesibilidad y asequibilidad del servicio.

El anteproyecto tiene pocas posibilidades de que prospere en su paso por el Parlamento.

Rechazo de la sanidad privada

La iniciativa gubernamental ha sido rechazada por la sanidad privada. Según Fundación IDIS, la colaboración es una herramienta clave para mejorar la accesibilidad, la eficiencia y la sostenibilidad del sistema sanitario, siempre con el objetivo de ofrecer soluciones concretas y eficaces a los retos que enfrenta la sanidad en nuestro país.  Por tanto, es clave un marco de relación consensuado entre sector público y privado, en el que la transparencia y la rendición de cuentas sean principios fundamentales.

Fundación IDIS considera que la limitación a la gestión de los servicios sanitarios públicos por entes privados y la facilitación de la reversión de fenómenos de gestión privada de servicios públicos pueden suponer un obstáculo importante para la accesibilidad y para la calidad de la atención sanitaria: «La colaboración público-privada en España permite, entre otras cosas, aliviar las listas de espera y mejorar la eficiencia en la atención a los pacientes. La limitación de esta colaboración podría generar más dificultades en el acceso a los servicios, afectando negativamente a los pacientes y empeorando la capacidad de respuesta del sistema sanitario frente a las crecientes demandas».

Finalmente, destaca que seguirán trabajando activamente para asegurar todas las herramientas que son clave para la sostenibilidad y la mejora del sistema sanitario, entre las que se encuentra la colaboración público-privada: «Cualquier reforma o modificación debe estar basada en criterios que favorezcan a los pacientes y que no pongan en peligro la accesibilidad o la eficiencia del sistema. La limitación de la colaboración público-privada sin un análisis adecuado puede perjudicar la eficiencia y generar más problemas en el sistema público, afectando así a la calidad asistencial».

En resumen, Fundación IDIS considera que es importante y necesario contar con prácticas de gestión de los recursos de la administración pública que permitan incrementar la productividad y la eficiencia, con el objetivo de cumplir con los desafíos sanitarios y los objetivos de salud de nuestra sociedad: «A medida que crecen las demandas asistenciales y la complejidad clínica, resulta fundamental aprovechar todos los recursos disponibles, tanto públicos como privados, para garantizar un sistema sanitario robusto y sostenible, en beneficio de los pacientes».