La sede central de Previsión Sanitaria Nacional (PSN) en Madrid acogió ayer la conferencia ¿Qué es la lengua que hablamos?, impartida por el exdirector de la Real Academia de la Lengua (RAE), Darío Villanueva, dentro del ciclo ‘Encuentros PSN. Debatir desde valores’. Durante la charla, el académico ha definido lo que es la lengua actual, ha enfatizado los diversos poderes y valores que posee, así como las que ha definido como “patologías” existentes. Además, ha denunciado los diferentes intentos, por parte de los poderes políticos de intervenir la lengua y ha evidenciado los peligros presentes y futuros de nuestra lengua. Entre ellos, ha destacado como el principal «que se utilice el sistema educativo para enseñar a las nuevas generaciones una lengua alterada conforme al designio del Poder, y en función de determinadas ideologías. Esto es lo que un escritor visionario, George Orwell, describe en su novela distópica 1984 como el newspeak, la ‘neolengua’ del régimen».

El consejero de PSN, Armando Solís, ha sido el encargado de presentar el evento y a la ponente, destacando lo extenso de su currículum y su prolija obra como escritor.

En primer lugar, Villanueva ha querido dar respuesta a la cuestión que se planteaba en el título de la conferencia. Así ha indicado que «a esta pregunta pueden darse múltiples respuestas. La más obvia: la lengua que hablamos es el resultado de una facultad privativa del ser humano -el lenguaje- cuyas funciones son fundamentalmente tres: posibilitar la expresión de sus pensamientos, sentimientos y deseos; referirse al universo que lo rodea; e incidir en la conciencia de los demás. Esto último, tiene especial trascendencia para la socialización, de modo que el lenguaje se manifiesta a través de las numerosas lenguas naturales existentes (actualmente, más de seis mil en todo el globo) como fundamento de la polis -la sociedad- y de la política».

Por otra parte, ha hecho hincapié en los amplios poderes y considerables valores que posee la lengua. «Desde la política y el derecho a la economía, la cultura e incluso en la creación artística en especial. Pero ha insistido en la obligación de no perder de vista la dualidad de la dimensión individual de la lengua, de la que cada uno de sus hablantes es dueño, y la dimensión que ésta tiene de contrato social, de pacto por el cual cada individuo debe aceptar un código compartido».

Villanueva ha analizado además algunas de las que ha denominado como «patologías existentes» en la actualidad como la posverdad y la corrección política o el neopuritanismo lingüístico y “la atribución a la lengua de responsabilidades que no son suyas”.

De esta manera, el exdirector de la RAE se ha detenido en recordar y hacer un repaso histórico de los intentos de intervenir la lengua desde instancias políticas, gubernativas o ideológicas. «Existen precedentes como el que describió el filólogo judío alemán Víctor Kemplerer en su libro LTI. La lengua del tercer Reich, pero en el contexto de la Posmodernidad actual, y concretamente de lo que algunos politólogos califican ya de ‘Posdemocracias’, se están produciendo reiterados intentos de imponer pautas y normas lingüísticas en contra de la gramática y el léxico que cada idioma se ha dado a sí mismo por decantación de las decisiones libres del conjunto de los hablantes. Este proceso representa asimismo la aceptación por la mayoría de ellos de ese pacto o contrato que sobre lo que Saussure denominaba parole, esto es, la dimensión estrictamente individual en el ejercicio del lenguaje hace prevalecer la langue, es decir el consenso colectivo».

A ello, el experto ha añadido que «es de destacar que en muchos casos esa injerencia gubernativa no hace más que asumir lo que es una apropiación de la lengua y un intento de modificarla por criterios y pulsiones promovidos por una minoría. Tal cosa sucede, por ejemplo, con las guías de lenguaje políticamente correcto que algunas instancias de poder constituido están promulgando, si bien es cierto que, como ocurrió en el caso estudiado por Kemplerer, con nulo éxito, pues la lengua posee un fundamento radicalmente democrático. En el caso del español, imponer cualquiera de esas formas de ‘higiene verbal’, de alteraciones ortográficas o de modificaciones en la estructura gramatical profunda del idioma representaría intervenir en el ‘sentido común lingüístico’ de 600 millones de hispanohablantes radicados en cuatro de los cinco continentes».