Por Juan Luque, Margarita García y Ramiro Urioste,

letrados de DS Legal

La crisis sociosanitaria derivada de la pandemia continúa poniendo a prueba la capacidad de la Unión Europea de tomar decisiones como entidad y de recuperar parcelas de liderazgo. Al último reto que tienen sobre la mesa la Comisión y el Parlamento desde el pasado 17 de marzo, se le conoce como carta verde digital y no es otra cosa que el llamado pasaporte covid.

Todos los ciudadanos, tanto vacunados como no, podrán beneficiarse del certificado digital verde, sin discriminación de edad y en él se incluirán tres tipos de certificados: de vacunación, de pruebas (pruebas de RT-PCR o rápidas de antígenos) y para las personas que se hayan recuperado de la Covid-19.

Es decir, podrán salir de su país de origen y entrar en el de destino quienes tengan uno de esos tres documentos. Bien los que acrediten que ya han pasado la enfermedad por el virus y están recuperados, los vacunados o quienes presenten una prueba de antígenos realizada no antes de las setenta y dos horas previas al viaje.  Para los viajeros habituales, la cuestión de la renovación parece resolverse, de momento, con una nueva solicitud en caso de haberse producido algún cambio en el estado de salud desde la última vez que abandonaron sus países de origen.

De acuerdo con la propuesta de la Comisión de la Unión Europea, serán los Estados Miembros (y dentro de cada uno de ellos el organismo que estos decidan), explican desde DS Legal, los responsables de expedir los certificados de manera gratuita en formato papel o digital, o en ambos formatos.

Los certificados contendrán un código de barras interoperable que permita verificar la autenticidad, validez e integridad del certificado y que se ajustará a las especificaciones técnicas establecidas de conformidad con el artículo 8 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. La información contenida en los certificados se mostrará, como mínimo, en la lengua o lenguas oficiales del Estado miembro expedidor y en inglés.

Estas son las grandes líneas de lo que, en el próximo junio, deberá convertirse en el salvoconducto con el que se pretende que los ciudadanos europeos puedan viajar entre distintos países de la Unión y que deben consensuar y aprobar finalmente en la Eurocámara. En su aprobación final están depositadas varias esperanzas. De un lado, la de recuperar la movilidad entre países y, con ella, cierto desahogo vital de las personas, pero, sobre todo, la de la ansiada recuperación económica.

Viajando, de momento, sobre el mapa

El pasaporte covid es pues, de momento, una realidad sobre el papel, pero una realidad a trabajar, a discutir, siempre con la lupa sobre la posible vulneración de los derechos individuales de los ciudadanos, sujetos a los acuerdos de Schengen sobre la libre circulación de personas y que son la esencia de la actual Europa.

La carta verde digital, explica Margarita García Sánchez desde este despacho de abogados, “afecta, efectivamente, a estos derechos fundamentales de circulación y residencia recogidos en el artículo 45 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Por todo ello, el objetivo es proporcionar a los ciudadanos unos certificados interoperables y mutuamente aceptados de la vacunación, los test y la recuperación de la Covid-19 que estos podrán utilizar cuando viajen”.

En este acuerdo para mantener las fronteras comunitarias libres de covid-19, se incluye a los estados del Espacio Económico Europeo, a Islandia, Liechtenstein y Noruega, así como a los de Suiza, siempre y cuando se cumplan las bases del reglamento que permitirá regular la instauración de este certificado. Además, el certificado verde digital también podría expedirse a nacionales o residentes de Andorra, Mónaco, San Marino y la Santa Sede, en particular cuando sean vacunados por un Estado Miembro.

De especial interés para los ciudadanos extracomunitarios residentes en países de la Unión, es la puerta abierta, de momento, a la posibilidad de aceptar certificados expedidos por terceros países, siempre y cuando se cumpla lo recogido en el reglamento del  certificado verde digital. Previamente, aclara el también experto en derecho sanitario, Juan Luque Cabrera, debe existir un acto de ejecución con un tercer país con el que la Unión Europea haya celebrado un acuerdo en materia de libre circulación.

En este último grupo estaría incluido Reino Unido, fuera de la Unión desde enero de 2021 y que estudia también la implementación de un documento propio de viaje.

Dudas legales y márgenes reales en torno al pase verde

Le quedan apenas un par de meses a la Unión Europea para convertir en realidad  el deseo de volver a la “antigua normalidad” en cuanto a viajar, ya sea por cuestión profesional o por motivos turísticos. Uno de los asuntos que se están abordando es el de la posible vulneración del derecho a la privacidad de las personas, en tanto en cuanto, la propuesta implica el tratamiento de datos personales, incluidos los sanitarios. La recogida, el acceso y la utilización de los mismos afecta al derecho a la intimidad y al derecho a la protección de los datos personales en virtud de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Por ello, la propuesta recoge que, si finalmente la medida de instaurar el certificado se aprueba, esta deberá ser revisada un año después de que la Organización Mundial de la Salud declare la finalización de la pandemia SARS-CoV-2, revisando sobre toso su impacto en la libre circulación y la protección de datos.

Más allá de la legalidad, la laxitud de ciertos márgenes científicos a causa de la naturaleza imprevisible y cambiante de la pandemia,  arroja ciertas dudas que expresa desde DS Legal  el abogado Ramiro Urioste.  De un lado, la distinta realidad de la vacunación entre los países miembros y, dentro de los mismos, se cuestiona Urioste, si la vacuna es uno de los requisitos para viajar y cada estado tiene potestad para sumar a la lista inicial las vacunas que considere oportunas, “a nadie se le escapa que, detrás de cada nueva vacuna que se incorpore a la lista, hay millones de nuevos potenciales visitantes a un país”.

Del otro, “se considera que existe un periodo de recuperación de 180 días y con ello de vigencia del certificado, pero realmente no hay un criterio temporal para considerar cuanto tiempo se mantiene la inmunidad. Siguiendo lo anterior, cada país será autónomo para decidir hasta  onde extiende la caducidad del pasaporte”.

En nuestro país, y aunque las transferencias de sanidad están transferidas a las comunidades autónomas, será el ejecutivo central el encargado de gestionar y tramitar la carta verde digital. La ministra Darias ha expresado su confianza en que el documento esté aprobado antes del verano.