Rafael Villanueva, manager de Retirement de Willis Towers Watson en España, ha analizado las 21 recomendaciones realizadas por la Comisión del Pacto de Toledo, afirmando que se trata de una propuesta que contiene iniciativas necesarias e interesantes, y que, desde luego, supone romper la tónica de parálisis en la que se encontraba la Comisión, en un momento en el que se acumulan 8 años de déficit al comparar ingresos con gastos. Uno de los aspectos más positivos es que se trata de una reforma integral que abarca los cuatro pilares de la previsión: Seguridad Social, previsión en la empresa, previsión individual y un cuarto pilar con soluciones innovadoras como las hipotecas inversas. En cualquier caso, señala Villanueva, valorando lo positivo de muchas de las medidas propuestas, «no se aborda aún el rediseño integral que posiblemente necesite el sistema».

A su juicio, las propuestas que plantea actualmente la Comisión «van más encaminadas a trasladar gastos de la Seguridad Social a otras partidas de los PGE», por lo que, a falta de concretar detalles, se antojan «demasiado continuistas e insuficientes». Además, algunas de las medidas, si bien su finalidad es razonable, «supondrían un incremento de la partida de gastos», como, por ejemplo, vincular la revalorización anual de las pensiones al IPC o la posibilidad de elegir los años más favorables de cotización para el cálculo de la pensión. «No es, por tanto, esta batería de medidas una reforma estructural de las pensiones que apuntalara el sistema para las próximas décadas».

Aspectos positivos

Para Villanueva, es «muy positivo» que se refuerce el segundo pilar, la previsión en la empresa, «para homologarnos a países de nuestro entorno, especialmente si se replica el sistema de auto adhesión británico que tan buenos resultados está dando». No obstante, en su opinión, se debe trabajar para que este pilar llegue a muchos trabajadores y autónomos que actualmente no cuentan con él y, al menos entretanto, no desincentivar el ahorro individual a través del tercer pilar.

Por otro lado, indica este especialista, también es adecuado «fomentar la prolongación voluntaria de la vida laboral en un entorno de esperanza de vida en aumento, algo que alivia la situación financiera de la Seguridad Social y que resuelve una demanda creciente por parte de los trabajadores». En esta línea, observa que, también, es fundamental «aumentar la información a los trabajadores, algo absolutamente necesario para que puedan tomar decisiones razonadas en cuanto a la planificación de su jubilación».

Recomendaciones 

Para asegurar los principios de sostenibilidad, suficiencia y equidad del sistema, Villanueva estima que «sería necesario, entre otras cosas, corregir ciertas distorsiones que existen en el sistema con el fin de obtener una mayor relación entre aportaciones y prestaciones», como argumenta el Instituto de Actuarios Españoles a través del Factor de Equidad Actuarial (FdEA) y que recomienda actuar sobre tres puntos:

• El tope del 100% del coeficiente por años cotizados.
• Las elevadas penalizaciones por anticipar la edad de jubilación.
• Las bajas bonificaciones por retrasar la edad de jubilación.

Valoración sobre la jubilación anticipada

La jubilación anticipada, para Villanueva, debe contemplar la penalización por una razón: quien se jubila anticipadamente se presume que percibirá la pensión durante un mayor número de años que quien lo hace a edad ordinaria. Por tanto, de cara a mantener la equidad, estima que es necesario aplicar ciertos coeficientes. «No obstante, éstos deben contar con una rigurosa equidad actuarial».

Respecto a elegir años más favorables para el cálculo de la pensión o revalorizar las pensiones vía IPC real, el experto indica que «son medidas con un fin razonable. Por un lado, evitar fuertes penalizaciones en la pensión de trabajadores que han tenido dificultades laborales los últimos años. Por otro, mantener el poder adquisitivo de los pensionistas. No obstante, son medidas que incrementan el gasto y es esencial mantener el foco también en los futuros jubilados, pues no sería justo trasladar todo el ajuste a futuros pensionistas para solucionar problemas de corto plazo. Por tanto, son medidas razonables pero a implementar con una visión de largo plazo y de equidad intergeneracional».