Por Cristina González, abogada de ARAG

La Covid-19 ha puesto en jaque a todas las empresas con independencia de su tamaño. No obstante, el virus ha azotado quizás más fuertemente a pymes y autónomos. Me estoy refiriendo a muchos comercios o actividades regentadas por emprendedores o negocios familiares, que han visto amenazadas sus ilusiones, menguados sus ahorros, y menoscabado el esfuerzo por tirar adelante un ansiado plan empresarial. 

Las pequeñas empresas y los trabajadores autónomos están en alerta, pues su principal preocupación es cuánto tiempo más podrán seguir soportando una actividad con un descenso de facturación y con unas cargas y costes. Pese a su escasa contabilidad, deben seguir cumpliendo con sus obligaciones fiscales, de seguridad social, de alquiler de sus locales, de contratos con sus proveedores, con empresas suministradoras, etc. 

La cada vez más evidente necesidad de acondicionar su negocio para combatir la Covid-19 preocupa, pues son muy conscientes de la responsabilidad que deben cumplir para garantizar la seguridad y salud en el trabajo. Pero, para ello, hay que afrontar una inversión que es también inesperada. También se hace evidente que, para que estos negocios sobrevivan, se ha de apostar por una actividad más digital y, por lo tanto, por una prestación de servicios o ventas en línea. Esto no es sencillo y lleva a un aprendizaje a marchas forzadas de los propios autónomos que se extiende a sus empleados, si los tienen.

La incertidumbre en cuanto a nuevos periodos de aislamiento, de ellos mismos o de sus empleados; la posible imposición de paralización de su actividad; la fijación de nuevas medidas para evitar contagios y no colapsar el sistema sanitario… Son muchas las dudas que planean sobre sus cabezas. El no saber cuánto durará la situación ha hecho que muchos autónomos se replanteen si merece la pena seguir adelante con su proyecto empresarial o, por el contrario, sería mejor “cerrar persiana”.

Por todo lo expuesto, muchos de los autónomos precisarán de una importante inyección económica para invertir en infraestructura y así competir en el mercado actual y también en el venidero. El gran reto para ellos es mantener su ocupación para sortear y superar con cierto éxito la situación de crisis económica, social y sanitaria.

Las ayudas aprobadas por el Gobierno para el colectivo de autónomos no parecen haber sido suficientes. Por ello, se precisaba alcanzar un acuerdo entre el Gobierno y las organizaciones de autónomos para prorrogarlas hasta el 31 de enero. Incluso, con el recién aprobado Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo, se han aprobado ciertos beneficios que pueden alcanzar a un mayor número de trabajadores por cuenta propia que lo pudieran precisar e insuflarles así de una nueva dosis de oxígeno.

La pandemia no puede parar el mundo, pero tampoco podemos dejar en el olvido a aquellos que conforman la espina dorsal de nuestro tejido empresarial y que marca el ritmo de nuestra economía y de la recuperación de nuestro país. El coronavirus convivirá durante un tiempo con nosotros, pero el trabajador autónomo está educado para afrontar el miedo y es también capaz de reaccionar ante situaciones de incerteza, creando alternativas de supervivencia. Sin duda, se hace muy necesario protegerles para llegar a una verdadera nueva normalidad, ya no solo para ellos, sino para todos nosotros.

Ayudas para los mediadores autónomos

La mayoría de los mediadores autónomos han podido seguir desarrollando su actividad, incluso durante el estado de alarma, al ser considerados como actividades esenciales. Durante este periodo se han tenido que adaptar a los cambios propios sin perder de vista al cliente final. Eso ha supuesto vender nuevos productos y solicitar a las compañías aseguradoras modificaciones de los ya existentes, para así adecuarse a las necesidades del mercado actual y seguir siendo competitivos. 

Para que puedan seguir desempeñando la labor de soporte al cliente hay algunas ayudas que les pueden resultar interesantes para tratar de disminuir el impacto económico del estado de alarma y la posterior nueva normalidad. Algunas de ellas son las moratorias hipotecarias y de alquileres en los locales de negocio, los descuentos en las facturas energéticas o la ayuda al teletrabajo que impulsa el programa Acelera PYME.