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Opinión

Teoría conspirativa del coronavirus en relación a los Sistemas Públicos de Pensiones

Redacción 3 de marzo de 2020

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Por Julio Fernández García, Product Owner de everis Finbow y Consejero del Centro de Excelencia de Previsión Social

La longevidad, vinculándola a la esperanza de vida, presenta un incremento significativo y constante desde hace más de un siglo en prácticamente todas las regiones del mundo, lo que está provocando que sea el gran reto de la humanidad en el siglo XXI.

El envejecimiento poblacional está condicionado por tres fenómenos demográficos. En primer lugar, la generación del baby boom, nacida tras la Segunda Guerra Mundial, los cuales están alcanzando la edad de jubilación. En segundo lugar, la tasa de natalidad, la cual presenta crecimientos negativos progresivos durante las últimas décadas. Por último, la esperanza de vida, proyectando una sólida senda de crecimiento.

España, afortunadamente, cuenta con una de las esperanzas de vida más altas del planeta; por el contrario, nos diferenciamos por tener una tasa de natalidad muy baja y por el retraso en el aterrizaje de la generación del baby boom, lo que provocará que será a mediados de la próxima década cuando dicha generación vaya alcanzando la edad de retiro.

Es incuestionable que la longevidad es uno de los mayores logros del ser humano, ahora bien, no es menos cierto que puede provocar consecuencias irreversibles sino afrontamos ciertos cambios en el entorno social y económico. Este nuevo paradigma demográfico condicionará el entorno macroeconómico durante las próximas décadas, teniendo consecuencias directas sobre el Estado del Bienestar, más concretamente, en los sistemas públicos de pensiones, en el gasto sanitario y en la situación de dependencia.

Vivir más años requiere un rediseño fundamental de la vida y una reestructuración del tiempo para que no afecte a la estabilidad financiera, tanto pública como privada. Es por ello por lo que los países desarrollados han introducido a lo largo del tiempo diferentes reformas en sus sistemas de pensiones basados en factores de sostenibilidad con el fin de cubrir el riesgo de la longevidad, aunque, hoy en día, se antojan insuficientes.

¿Cómo conseguir que el dinero dure toda la vida?, teniendo en cuenta que cada día vivimos dos horas más proyectando a vidas centenarias. 

¿Tendremos la capacidad de nivelar la esperanza de vida real a la esperanza de vida financiera?

¿Podremos nivelar el gasto con el ingreso en la etapa de retiro, jubilación o des acumulación?

Son tres cuestiones que empiezan a relacionarse a la primera pandemia del siglo XXI: “El Coronavirus”.

El coronavirus COVID-19b, a 30 de marzo de 2020, supera los 723.000 casos de contagio en varios países del mundo, la inmensa mayoría en EEUU e Italia. La cifra de fallecidos en todo el mundo supera los 33.000 y la de tratados los 151.000. Fuera de China se han confirmado casos en de 191 países, más de la mitad de los casos contabilizados, actualmente, se sitúan en Europa: Italia es el segundo país más afectado del mundo y España, el cuarto con más de 80.000 positivos.

Hoy en día se mantienen las investigaciones por parte de los científicos con el fin de detectar el origen de esta enfermedad o de dónde proviene. La incertidumbre y la ingente cantidad de información acerca del virus, han ido generando un caldo de cultivo propicio para la creación de suposiciones, conjeturas y teorías conspirativas. 

Estas “especulaciones” argumentan que tres de los países más afectados están viviendo situaciones similares para con sus sistemas públicos de pensiones y su estado del bienestar. Los tres (China, Italia y España) tienen un riesgo de longevidad muy similar, atraviesan momentos de inestabilidad o incertidumbre en sus sistemas públicos de pensiones y tienen prácticamente la misma esperanza media de vida (en torno a los 83 años).  

Acompaño diferentes titulares publicados recientemente en relación a estos sistemas públicos de pensiones: “el principal fondo de reserva para pensiones de China se quedará sin dinero en 2035 debido a la paulatina pérdida de población en edad de trabajar, según un estudio citado por el diario hongkonés South China Morning Post el pasado ejercicio”; “el presidente del Instituto Nacional de Previsión Social de Italia (INPS), Tito Boeri, calcula que la reforma costará 20.000 millones de euros y creará un agujero en el sistema de pensiones de 85.000 millones”; “Bruselas lanza un serio aviso a España: las pensiones son insostenibles”.

Como ya ocurrió con otras epidemias, y también en España (Zika), hay suposiciones que puede tratarse de un arma biológica diseñada para acabar con cierto porcentaje de la población siendo su objetivo alcanzar un equilibrio. 

Lo que es indiscutible es que el sistema público de pensiones español se enfrenta, como los del resto de los países desarrollados, a retos importantes causados por la expectativa de un aumento significativo de la longevidad por lo que se tendrán que ejecutar reformas estructurales. Para ello y con el fin de alcanzar consenso es necesario que todos los actores del mercado se pongan de acuerdo perdiendo parte de sus derechos: políticos, agentes sociales, cotizantes y pensionistas.

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