Las asociaciones Cetraa, Conepa, Ganvam y Fagenauto, en representación de los talleres de reparación nacionales, denunciaron ante el Parlamento Europeo el pasado mes de marzo al Estado español por incumplir cuatro Directivas comunitarias y varios artículos del Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE) que, según ellas, estarían «facilitando las malas prácticas de las aseguradoras y el importante desequilibrio existente en la relación que ocasiona graves perjuicios económicos a los talleres». Ahora, informan de que dicha denuncia ha sido admitida a trámite, por lo que las cuatro asociaciones han lanzado una campaña de recogida de firmas de apoyo a la iniciativa.

Recalcan lo importante que es obtener en este momento el respaldo de los talleres. Por ello, se ha creado una página que describe el sencillo procedimiento que se ha de seguir para sumarse de manera online a la denuncia.

Con esta denuncia, las cuatro asociaciones solicitan que el Parlamento Europeo se posicione sobre el citado incumplimiento que «sustenta las malas prácticas y se obtenga una solución que, basada en el respeto al marco jurídico comunitario, termine con la desequilibrada relación actual de talleres y aseguradoras, dando origen a un marco más equitativo».

Según las asociaciones, las actuaciones de las aseguradoras incluyen agravios como la fijación de los precios hora sin respetar aquellos establecidos por el taller ni el importe a abonar por el siniestro y sin que a los talleres se les reconozcan todas las horas de trabajo que invierten en las reparaciones.

Por otra parte, insisten en que «los baremos confeccionados por empresas vinculadas o participadas por las aseguradoras son empleados para que los peritos tasen el tiempo y coste de los materiales de las reparaciones que deben asumir, actuando en detrimento del taller, ya que el baremo no tiene por qué ajustarse al tratamiento de la reparación de cada taller ni a su estructura empresarial».

Además, señalan que en España puede producirse una colusión tácita entre aseguradoras, a tenor de la tendencia a la bajada de sus precios, que no ha ocurrido en otros Estados, así como a la determinación de precios de la reparación a través de los convenios CIDE y ASCIDE.

Asimismo, censuran la «dependencia económica de los peritos no permite garantizar que actúen con estricta objetividad a la hora de evaluar los daños y fijar el precio/hora de la reparación por lo que se sugiere resolver el problema creando un órgano supervisor que designe a los peritos de forma independiente y ante el cual se reclamen las malas prácticas».

Por último, critican que algunas compañías aseguradoras comercializan pólizas que impiden a los clientes elegir libremente el taller para reparar su vehículo, viéndose obligados a repararlo en un número limitado de empresas sin que otros talleres puedan adherirse a este tipo de acuerdos, restringiendo la libre competencia y la libertad de elección del consumidor.