El día 3 de abril de este año entró en vigor la Ley de Eficiencia Procesal, con el objetivo de modernizar y mejorar un sistema judicial que actualmente se encuentra saturado. El propósito más importante de la nueva Ley es aliviar la carga judicial y fomentar la cultura del acuerdo. “En la práctica, esto significa que, antes de ir a juicio, es obligatorio intentar resolver el conflicto y demostrar documentalmente ese intento. La idea es descongestionar los juzgados fomentando la resolución extrajudicial”, explica Cristina González, directora de Asistencia Jurídica Telefónica de ARAG.

En la compañía se lleva trabajando en la adaptación a la Ley de Eficiencia Procesal desde que a principios de enero se conoció su contenido. Se han generado nuevos procedimientos internos y se han ido adaptando los sistemas informáticos para, por ejemplo, controlar que las demandas han pasado correctamente por ese intento de acuerdo previo a la vía judicial. “Aunque la Ley afecta solamente a los procedimientos civiles y mercantiles, estos suponen más de un 80% de los casos de ARAG”, indica Juan Carlos Lopera, director de la Asesoría Jurídica de Siniestros de la compañía.

El siguiente paso ha sido la creación de un programa de formación jurídica especializada a los 140 tramitadores y tramitadoras de siniestros para la adaptación a los nuevos paradigmas de esta Ley. “Hay varios Medios Adecuados para la Solución de Controversias (MASC), pero es algo que siempre ha estado dentro de la filosofía de la compañía: el intento de llegar a un acuerdo antes de interponer el pleito. De hecho, alrededor del 95% de los casos se resuelven amistosamente”, explica Lopera.

El objetivo último de la Ley de Eficiencia Procesal es mejorar el sistema judicial y que toda la ciudadanía pueda acceder a la justicia. “Es algo que entronca directamente con la filosofía fundacional de ARAG”, explica Cristina González. “Por ese motivo, en la compañía estamos preparados para aceptar el reto que supone esta gran reforma del sistema judicial”.