El Ministerio de Consumo prohibió ayer la subida de precios de los servicios funerarios en España, por el impacto del coronavirus. La medida tiene carácter retroactivo, desde el inicio del Estado de Alarma el 14 de marzo. Su incumplimiento supondrá una infracción de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. La intención del Ejecutivo es que durante el periodo del Estado de Alarma, los precios, los servicios funerarios no puedan ser superiores a los que existían antes del 14 de marzo. En el caso de servicios ya abonados con precios superiores a los establecidos con anterioridad a esa fecha, la empresa deberá devolver la diferencia.

Según la información del Ministerio, los usuarios dispondrán de 6 meses desde la fecha de finalización del Estado de Alarma para solicitar el reembolso en el caso de que haya pagado un precio superior. La medida aprobada por el Gobierno en su último Consejo de Ministros establece también que las empresas de servicios funerarios deberán facilitar al usuario, con carácter previo a la contratación del servicio, un presupuesto desglosado por cada uno de los conceptos y los precios vigentes con anterioridad al 14 de marzo de 2020, aun en el supuesto de que resulte necesario realizar actuaciones específicas como consecuencia de los fallecimientos producidos por causa de la Covid-19.

Seguro de Decesos

Hay que recordar, que la medida no tendrá ningún impacto en los asegurados y beneficiarios del seguro de Decesos, ya que no deben abonar ninguna cantidad por los servicios de sepelio, principal garantía de este tipo de seguros.

La mayor parte de las aseguradoras especialistas en Decesos (que controlan la mayor cuota de mercado de esta cobertura) en nuestro país son además propietarias de empresas de servicios funerarios, con lo que te tienen garantizada la prestación de estos servicios y su control de calidad y precios.

Por otra parte, la asociación de consumidores Facua ha recomendado a las personas que desde el inicio del Estado de Alarma hayan sufrido precios inflados por servicios funerarios que emprendan actuaciones para reclamar la devolución del dinero cobrado de más.