Por Ignacio Boj, socio-director de MBE Legal

El Baremo de Autos ha venido constituyéndose como el referente en materia de valoración de daños personales en otros ámbitos de la responsabilidad civil distintos de los del automóvil, desbordando así su ámbito inicial de aplicación.

Su utilización está generalizada en sectores como el de la responsabilidad por actos médicos, accidentes de trabajo o daños derivados de la actividad industrial o comercial si bien, con carácter meramente orientativo, no vinculante. De esta forma, es práctica habitual que por parte de jueces y magistrados se apliquen factores correctores en atención a otras circunstancias concurrentes en la causación del daño, entre las que se identifica, por ejemplo, el sector de actividad del responsable. El resultado es que estamos asistiendo a una cada vez mayor heterogeneidad en la fijación de indemnizaciones ante lesiones de igual o similar naturaleza e intensidad lo que, en nuestra opinión, supone para el sector asegurador un elemento de incertidumbre, que dificulta la modelización del riesgo y la previsibilidad del resultado de los contratos.

A esta situación, preocupante en sí misma, se une la de las últimas actualizaciones que se vienen produciendo de la Ley 35/2015, y en especial la realizada en octubre de 2022- mediante Orden ETD/949/2022, de 29 de septiembre – por la que se modificaron las bases técnicas actuariales en lo referente al cálculo de algunas partidas del daño emergente y el lucro cesante.

En este momento, se encuentra pendiente de tramitación por parte del Congreso de los Diputados la última propuesta de reforma remitida por la Comisión de Seguimiento del baremo de tráfico, y que puede suponer un nuevo incremento significativo en la valoración de algunas secuelas.

El carácter orientativo del baremo de tráfico, junto con el incremento paulatino de las indemnizaciones, está derivando en un escenario de inseguridad jurídica para todas las partes involucradas en la acción civil de responsabilidad fuera del ámbito de los accidentes de tráfico. Carecer de un sistema de valoración certero que sirva de base a las partes implicadas en una reclamación para consensuar una cuantía objetiva de resarcimiento del daño, desemboca en una mayor litigiosidad e impide la resolución extrajudicial de las controversias en todos estos otros sectores.

Desde MBE Legal abogamos por una iniciativa de colaboración entre todos los agentes implicados, en la línea de los trabajos que sirvieron de base para la elaboración de la Ley 35/2015, y que constituyen un ejemplo de colaboración de víctimas, aseguradoras, organismos públicos y reguladores y poder legislativo, a fin de abordar esta amplia problemática en beneficio de una sociedad que debe avanzar hacia la resolución temprana y por la vía amistosa de los conflictos, a lo que debe contribuir el sector asegurador con un papel protagonista.