Por Karin García, directora de Negocio Corporativo de onLygal

El envejecimiento poblacional más allá de una previsión demográfica es ya un hecho estructural. En España, más del 20 % de la población es mayor de 65 años y, según el INE, en 2045 rozará el 30%. Esta transformación no debe verse como amenaza para el Estado del bienestar, sino como oportunidad para redefinir la economía, los servicios públicos y el modelo social. Y es aquí donde entra en juego la ‘silver economy‘: un ecosistema de innovación, empleo y derechos centrado en las personas mayores.

Ahora bien, debemos huir del error común de considerar a los séniors únicamente como nicho de consumo. La economía plateada no consiste simplemente en vender más productos o servicios adaptados a nuevos perfiles de consumidor, su esencia va mucho más allá. Tras ella hay una dimensión social y ética de enorme relevancia. Las personas mayores son, ante todo, ciudadanos con derechos y como tal requieren un marco legal que los proteja de la discriminación por edad, la soledad no deseada o el acceso desigual a los servicios financieros y digitales, entre otros. 

Se trata de crear un entorno donde la seguridad jurídica garantice que puedan vivir con total autonomía y dignidad. Para ello, además de cuidar su salud o bienestar material, hay que garantizar que sus derechos sean respetados.

En un contexto de creciente digitalización, son muchos los mayores que se encuentran en situación de vulnerabilidad, por ejemplo, ante trámites en línea, gestiones bancarias o sanitarias que ya casi no admiten alternativas presenciales. Por ello, además de herramientas tecnológicas accesibles, la silver economy debe contar con un marco normativo que garantice la igualdad de trato y la protección ante posibles abusos y/o discriminación.

Así, su desarrollo requiere de la colaboración público-privada. Desde las empresas se puede liderar la innovación en ámbitos como la salud digital, la vivienda adaptada y accesible, la movilidad o los servicios de acompañamiento, pero las instituciones deben asegurar que sea inclusiva y regulada desde el respeto a la persona.

En este sentido, creemos imprescindible seguir reforzando la protección jurídica en materias como la dependencia, la tutela patrimonial, la planificación sucesoria o el derecho a decidir sobre los cuidados con servicios y herramientas legales ya disponibles como el testamento vital, los poderes preventivos o la autocuratela que permiten cumplir el deseo mayoritario de seguir viviendo en su hogar. Así como dar visibilidad a esta necesidad y contar con profesionales —abogados, notarios, trabajadores sociales— preparados para abordar las particularidades legales y emocionales asociadas a la longevidad.

Invertir en la silver economy es apostar por un modelo social más justo y sostenible. La economía del futuro será longeva y debe apoyarse en el respeto a los derechos individuales. No basta con crear nuevos servicios; es preciso garantizar que cada persona mayor conserve su autonomía, su voz y su capacidad de decisión. Solo así la economía plateada dejará de ser una etiqueta para convertirse en una política de Estado con impacto real.

La verdadera medida del progreso de una sociedad reside en cómo aborda las necesidades de quienes la construyeron. Y la silver economy representa una oportunidad para demostrar que la longevidad puede ser una etapa activa y legalmente protegida. Una economía que además de generar valor también lo respeta.